La Guardia Civil junto a la Unidad Central Operativa (UCO) han registrado este martes la vivienda del empresario investigado por la desaparición de uno de sus jornaleros, Ibrahima Diouf. No hay noticias del paradero del senegalés, de 32 años, desde el pasado 5 de enero cuando discutió con su jefe, Ginés Vicente, de 53 años.

Durante la búsqueda en la casa de Vicente los agentes han utilizado perros en busca de restos biológicos. Por su parte, el hombre no ha sido arrestado, además, el juzgado de instrucción 1 de Villacarrillo ha decretado la investigación bajo secreto de sumario por lo que no han trascendido muchos detalles del caso, según el medio Público.

Se suma a esta la desaparición en 2013 de Tidiany Coulibaly, un joven malí de 22 años, que solicitó a Vicente un salario digno para él y su cuadrilla durante la campaña de la aceituna que estaban llevando a cabo. Tras la discusión el joven desapareció y Vicente fue acusado de desaparición forzosa, pero fue absuelto por falta de pruebas. La queja de 2013 se ha vuelto a repetir y ha ido secundada por otra desaparición, en este caso la de Ibrahima.

Continúa la búsqueda de la mujer de 57 años que desapareció hace 3 días en Navalcarnero

Desaparición de otro jornalero

Coulibaly fue visto por última vez el 17 de diciembre de 2013 cuando solicitó a su jefe un salario digno. Tras la discusión se le perdió la pista y fueron sus familiares y amigos los encargados de denunciar ante la Guardia Civil.

La investigación policial les llevó hasta 'La Moratilla', una segunda finca de olivos del empresario, donde encontraron unas orejeras que pertenecían a Tidiany. El joven no había estado nunca en este lugar, por lo que esta prueba fue decisiva para acusar a Vicente de desaparición forzosa. Además, el teléfono móvil situaba al patrón en el lugar en el momento de la desaparición.

Este cúmulo de pruebas llevaron al empresario al banquillo acusado de desaparición forzosa, un delito de desobediencia a la autoridad, dos delitos contra los derechos de los trabajadores, dos delitos contra la Administración de Justicia, delito contra la salud pública - Vicente tenía 330 gramos de marihuana en una de sus viviendas-, y otro por defraudación del fluido eléctrico en la casa donde se hospedaban los jornaleros.

Localizan al expresidente cántabro Martínez Sieso, perdido en Picos de Europa

El empresario pidió a dos testigos que mintieran en el juicio y aseguraran que lo había visto en otro lugar justo en el momento en el que no tenía coartada. Todo esto a cambio de la condonación de una deuda que tenían con él. 

Por parte de la fiscalía se solicitaban 16 años de cárcel, en cambio, la familia pedía 29 años para el empresario. Finalmente, fue condenado en 2016 por explotación laboral y defraudación de fluido eléctrico a dos años y medios de cárcel, una multa de 11.400 euros 

Además, se demostró que el patrón tan solo pagaba a sus empleados entre 20 y 30 euros al día - establecido en este sector en un mínimo de 50,36 euros , les descontaba el material que rompían y algunos de sus empleados no estaban dados de alta en la seguridad social.