El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace unas semanas en el Congreso la aprobación "fundamental e impostergable" de una nueva ley de Secretos Oficiales. No es la primera vez que se hacía. Aunque ahora parece que se llevará a cabo de forma definitiva, han sido muchas las peticiones y varios los intentos para cambiar el articulado de una norma que data de la época franquista, hace más de cuarenta años. La reforma de la ley podría afectar de lleno a diversos asuntos clasificados como información de alto secreto, motivando que algunas historias que hasta ahora se consideraban sensibles -como pueden ser los viajes en Falcon del presidente, de los que hasta ahora no se daba información apelando a motivos de seguridad- sean de dominio público. Tras dos años contemplada en el Plan Anual Normativo socialista (2020 y 2021), ahora recibe el impulso definitivo para su modificación. 

La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales fue aprobada por las 'Cortes Españolas' durante la dictadura franquista. Entonces, se plasmó negro sobre blanco uno de sus artículos capitales. El que dice: "Podrán ser declaradas 'materias clasificadas' los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado'"

Diez años después, en su primera y última modificación parcial, se incorporó, entre otros aspectos, el levantamiento del velo respecto a las materias clasificadas, lo que facultó su conocimiento tanto por el Congreso como por el Senado. Desde entonces, se han amagado varios intentos de reformar la ley, pero ninguno ha prosperado.

El PNV ha sido la formación política que más entregada se ha mostrado al cambio de la normativa. "Presentamos por primera vez una proposición de ley de reforma en 2016. Fue aceptada a trámite, pero la guardaron en un cajón hasta abril de 2018. Y una vez presentadas las enmiendas, volvieron a bloquearla, ya que no convocaban la Comisión para debatir esas enmiendas y aprobar la Ley", cuentan a 20minutos fuentes jeltzales.

Al comienzo de la presente legislatura, en enero de 2020, volvieron a presentarla. "Se tomó en consideración en junio de ese año y lleva todo este tiempo en fase de enmiendas". Dos años después, la Mesa del Congreso ha prolongado hasta en 80 ocasiones el plazo de enmiendas. Se hace cada semana de forma automática.

¿Quién es quién en la Comisión de Secretos Oficiales que se celebra este jueves por primera vez en tres años?

La reforma de los nacionalistas vascos exigía que se incorporara la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los veinticinco años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas. Limites a discreción de que el Consejo de Ministros disponga su prórroga "excepcional y motivada", en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años. En cualquier caso, la idea central es establecer con carácter general un sistema que garantice el acceso público a la información de forma automática al pasar un determinado periodo de tiempo, igual que ocurre en Estados Unidos, la UE o incluso la OTAN.

Asimismo, prestando atención al contenido del artículo 97 de la Constitución española, el PNV propuso modificar la ley para atribuir en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. En la actualidad, la legislación vigente también concede estos poderes a la Junta de Jefes de Estado Mayor.

El historial del PSOE con la ley de Secretos Oficiales

El PSOE introdujo la renovación de la ley de secretos oficiales en su Plan Anual de 2020. Se trataba del cuarto intento de retomar una reforma. Y encargó al Ministerio de Defensa el liderazgo del proyecto. No fue hasta abril de 2021 cuando el Gobierno puso en marcha su particular reforma de la ley de secretos. Pasando por alto la propuesta del PNV, el Ejecutivo de Sánchez conformó una comisión que dirigía el Ministerio de Presidencia, que no la cartera de Defensa, si bien esta última trabajaría junto a Interior y Exteriores en la tarea. Inicialmente, dicha comisión parecía dispuesta a aprobar una nueva norma en apenas meses y permitir, después, la desclasificación de documentos oficiales posteriores a octubre de 1978, límite temporal que ellos mismos fijaron. Finalmente, nada de esto sucedió.

Precisamente este lunes, el Consejo de Ministros va a aprobar el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que otorga definitivamente al Ministerio de la Presidencia la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, en cuyas manos estaba hasta ahora esta función. La nueva norma fija cuatro categorías de protección, en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años, en función de la categoría, y en algunos casos podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.

La tramitación posterior dependerá de una negociación interna en el Ejecutivo para poder lograr la mayoría que requiere su aprobación. Unidas Podemos, socio del Gobierno, ya ha mostrado su disconformidad con el anteproyecto de ley. En cualquier caso, tratándose de una materia que afecta directamente a la seguridad nacional, una de las columnas vertebrales del Estado, todo apunta a que el PSOE priorizará al PP de Alberto Núñez Feijóo para lograr el sí definitivo a la norma, aunque la portavoz popular Cuca Gamarra ya opinó hace semanas a este respecto que este proyecto se trata de "una cortina de humo" que Sánchez utiliza "para satisfacer a sus socios de gobierno".