Concluido el periodo ordinario de sesiones, que abarca de febrero a junio, dice el reglamento del Congreso en su artículo 61 que la Cámara sólo podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. No se descarta que el Gobierno pueda pedir una sesión extraordinaria, pero en cualquier caso antes del 30 de septiembre debe presentar los Presupuestos Generales del Estado. Necesitado de que siga el espectáculo, en Moncloa han preparado la denominada “Mesa del Diálogo”, donde pactan Sánchez y Aragonés, PSOE y ERC, los escaños que el primero precisa a cambio de sacrificar los principios constitucionales, que el segundo exija sean sacrificados y de la exclusión de las demandas y planteamientos de los catalanes no nacionalistas, entre las que figura el descarte del castellano como lengua susceptible de ser utilizada en las pruebas de evaluación por mucho que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diga que es discriminatorio establecer la prevalencia o preponderancia de una lengua sobre otra.

De nada han valido las sentencias del TSJC, ganadas por los de Impulso Ciudadano, que el Govern de la Generalitat ha ignorado mientras el Gobierno de España miraba para otro lado. El hecho es que la ausencia de cualquier justificación para esta preferencia del idioma catalán, la convierte en discriminatoria, más aún cuando las dos lenguas, el castellano y el catalán, deben ser vehiculares en toda Cataluña, habida cuenta que la sentencia 31/2010 declaró inconstitucional cualquier régimen de preferencia en la utilización de las lenguas oficiales. Sucede que el documento aquí impugnado alude al catalán, al aranés y a la lengua de signos catalanas como lenguas de referencia, con la asignación de efectos discriminatorios para los miembros de la comunidad educativa y de cuantos se relacionen con ella teniendo como lengua de referencia al castellano.

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Impulso Ciudadano en su denuncia arguye que el idioma castellano, a pesar de ser lengua oficial, no existe como lengua de referencia en las previsiones del documento de gestión y organización de los centros educativos para el curso 2022-2023 generado por el Departamento de Educación respecto al “Proyecto educativo de centro” que fue aprobado, o cuanto menos publicado, el día 19 de julio de 2022, en particular, lo que se refiere a los capítulos titulados “El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic” y “Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu”.

Entonces, como gente previsora que son, los de Impulso Ciudadano suplican a la Sala que tenga por solicitada la medida cautelarísima y que, en su virtud, ordene al Departamento de Educación de la Generalitat para que adopte las medidas necesarias de modo que en el curso 2022-2023 se incluya en los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos, y privados sostenidos con fondos públicos, al castellano como lengua vehicular de enseñanza y de referencia (con el mismo status del catalán, el aranés en el Valle de Arán y la lengua de signos catalana). En consecuencia, reclaman que al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo (o la equivalente en el nuevo currículo) se deberá desarrollar en castellano y que en las pruebas de evaluación también se haya de ofrecer a los alumnos catalanes la posibilidad de realizar los ejercicios también en castellano con el correspondiente material en esa lengua oficial. Últimos viajeros llegados de la Moncloa dicen que al concluir los diálogos de sobremesa el presidente Pedro Sánchez y el president Pere Aragonès recitaron cada uno en su lengua vehicular aquello de Micifú y Zapiron se comieron un capón, en un asador metido, después de haberlo comido, trataron en conferencia, si obrarían con prudencia, comiéndose el asador. ¿Lo comieron?, no señor, era un caso de conciencia.