Casi dos meses después de acordar que darán juntos la batalla lingüística en Cataluña, PP y Ciudadanos han oficializado el primer pacto de la 'era Feijóo' entre ambas formaciones. El líder popular e Inés Arrimadas, todavía punta de lanza de unos liberales inmersos en plena catarsis orgánica, unifican posiciones y presentan una oposición conjunta a la Generalitat que preside Pere Aragonès. Un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley catalán que veta el 25% de castellano en las escuelas, en contra de la sentencia del TSJC que así falló. 

Edmundo Bal, portavoz naranja en el Congreso, y Cuca Gamarra, su homóloga en el PP y secretaria general de la formación, han sido los encargados de diseñar la posición conjunta, acelerada en los últimos días por la reunión de la mesa de diálogo de Gobierno y Generalitat y el fin del curso político. "El Gobierno ha vuelto ha ceder a las pretensiones de los independentistas a cambio de mantenerse en el poder", ha justificado Gamarra este viernes, en una rueda de prensa en la sede nacional de la calle Génova.

Feijóo y Arrimadas exploran la primera alianza y llevarán juntos al Constitucional el decreto catalán contra el 25% de castellano

Fue Arrimadas quien tomó la iniciativa y exploró el apoyo tanto del PP como de Vox desde mediados de mayo. En el Parlament de Cataluña, donde los populares no cuentan con grupo parlamentario, los tres partidos registraron el pasado jueves una petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la ley del catalán pactada por ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem. El acuerdo, que provocó el retraso de la aprobación, generó la respuesta de Pere Aragonés y la convocatoria del consejo de gobierno extraordinario donde se aprobó el decreto.

"El recurso ante el Alto Tribunal afecta a los artículos 2 (a y d), 3.1 y el 4.1 del Decreto Ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley catalana 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria", recoge el PP en un comunicado.