El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado en calidad de testigos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la de Defensa, Margarita Robles, en la causa en la que investiga la infección de los móviles de ambos, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del titular de Agricultura, Luis Planas, con la herramienta informática Pegasus.

A tal efecto, el magistrado ha acordado dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que proceda a desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por los testimonios de los dos ministros.

Calama acuerda estas diligencias a la vista del contenido de las declaraciones que como testigos ya han prestado en la Audiencia Nacional tanto la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 (que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias presentadas por la Abogacía del Estado) y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Tanto Esteban como el funcionario que firmó los informes comparecieron de forma presencial ante el Juzgado Central de Instrucción número 4, si bien Bolaños optó por solicitar su declaración por escrito, a lo que el magistrado accedió.

El juez Calama empezó a investigar en mayo, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por los servicios jurídicos del Estado según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados el 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".

En plena crisis con Marruecos

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.

El hackeo afecta a "intereses generales"

En una resolución posterior, el juez de la Audiencia Nacional explicó que "el delito investigado no solo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa, sino también a los intereses generales". De este modo, la infección del teléfono de Sánchez con Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021, detectada por los servicios de respuesta ante emergencias informáticas y puesta en manos de la Justicia un año después, constituye, según el auto, un "delito público". 

También advirtió de que el hackeo al móvil de Robles "podría integrar alguno de los delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional, cuya naturaleza pública es indiscutible".