La Policía Nacional ha desmantelado una trama de regularización de ciudadanos extranjeros en L'Hospitalet de Llobregat mediante el trámite de contratos laborales falsos. Se han detenido a 33 implicados, entre ellos un trabajador de Hacienda.

Algunos extranjeros llegaron a pagar hasta 11.500 euros por contratos de trabajo en el sector doméstico que no llegaban a materializarse. El objetivo de esta operación era obtener la residencia en España, ha explicado este viernes la Policía Nacional.

El caso se inició en abril de 2021, a raíz de la investigación a un grupo criminal que centraba su actividad en torno a una gestoría ubicada en L'Hospitalet de Llobregat.

El principal investigad se hacía pasar por propietario de una gestoría y utilizando a su círculo familiar más próximo. Este creó un entramado que facilitaba contratos de trabajo falsos como empleado de servicio doméstico.

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Los miembros de la familia investigada simulaban una relación laboral como empleadores, facilitando así contratos de trabajo de un año de duración a jornada completa. Estos nunca se llevaban a cabo a personas extranjeras que querían regularizar su situación administrativa.

Esta documentación se aportaba a los expedientes de solicitud de residencia, y una vez obtenían el permiso, se les daba de baja de la Seguridad Social.

La Policía Nacional ha acreditado la participación de 10 supuestos empleadores y ha detenido a 33 personas, 31 de ellas en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), una en Vitoria y otra en Valencia, como autoras de un presunto delito de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

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Asimismo, hay otras 14 personas más investigadas por su presunta implicación en los hechos.

La Policía Nacional ha detallado que el principal investigado forma parte del personal laboral de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que ha sido informada de la detención y de la actividad que esta persona estaba realizando.

Desde la AEAT se han iniciado los procedimientos para depurar posibles responsabilidades administrativas en el caso de demostrar su presunta participación en los hechos, ha añadido la policía.