El PP logra sacar petróleo en una semana que empezó de cara para el Gobierno. En unos días en los que la coalición se había vuelto a cohesionar por el giro a la izquierda del presidente Pedro Sánchez, los populares han logrado que PSOE y Unidas Podemos vuelvan a mostrar sus diferencias. Lo han conseguido tras pactar con los socialistas que el Ejecutivo establezca un calendario para aumentar el gasto de Defensa hasta el 2% del PIB, tal y como se comprometió Sánchez ante la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid hace dos semanas.

Además de poner plazos a la subida del gasto, el PSOE también reafirma su apoyo a "la ampliación" de la base militar de Rota. Es decir, al aumento de cuatro a seis los destructores estadounidenses allí presentes, una propuesta que ya fue pactada entre Sánchez y el presidente estadounidense, Joe Biden, en su visita a Madrid para la Cumbre. 

Con todo, el Gobierno ya ha comenzado a incrementar el gasto en Defensa. Lo hizo hace unas semanas con la aprobación de un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros que recibió la luz verde del Consejo de Ministros, un hecho que provocó que se elevara al máximo la tensión entre socialistas y morados. Y es que los temas de Defensa son de los pocos en los que el PSOE y el PP, que lleva meses pidiendo medidas similares, no han roto relaciones, al contrario que en lo referido a memoria democrática o justicia. 

El acuerdo entre PP y PSOE forma parte de las propuestas de resolución votadas este jueves tras la celebración del Debate sobre el estado de la Nación, que se desarrolló los días previos. Eso sí, la medida -aprobada con el voto favorable del PP y del PSOE y la negativa de Unidas Podemos- no tiene carácter vinculante, pues dichas resoluciones se toman como recomendaciones al Ejecutivo, al igual que ocurre con las proposiciones no de ley (PNL).

Con todo, el PP también ha conseguido aprobar una de sus resoluciones en la que pedía defender la Transición, intensificar el conocimiento de las víctimas de ETA y rechazar "todos los totalitarismos" de la historia de España y Europa. Esto es relevante porque ha salido adelante gracias al pacto con el PSOE y tras un debate bronco que ha precedido a la aprobación de la nueva ley de memoria democrática, a la que los populares se han opuesto, pero que ha salido adelante gracias al pacto de la coalición con EH Bildu.

Asimismo, los populares se llevan en su haber el apoyo para respaldar la atención primaria y recuperar los servicios ferroviarios que se suspendieron en la pandemia, aunque los de Alberto Núñez Feijóo no han conseguido que el Congreso ratifique la deflactación de la tarifa del IRPF a los tres primeros tramos, medida que defienden en su plan económico.

El PP se abstiene y facilita junto a los socios del Gobierno extender el segundo paquete anticrisis de Sánchez hasta diciembre

Por contra, el PSOE ha logrado que la Cámara Baja dé luz verde a todas sus propuestas. Entre ellas, todas las medidas anunciadas por Sánchez el pasado martes: la imposición dos nuevos tributos a las eléctricas y a las entidades financieras con los que prevé recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años, la subida de 100 euros al mes en las becas de más de un millón de estudiantes o la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías y media distancia entre septiembre y diciembre.

Un tren que conecte Madrid y Teruel

Entre las enmiendas pactadas por el PSOE con otras formaciones destaca el acuerdo al que han llegado los socialistas con Teruel Existe para que el Ejecutivo se abra a estudiar la viabilidad de la implantación de una conexión directa por tren entre Madrid y Teruel. Este nuevo servicio lo prestarían los trenes Talgo de la serie 730 -actualmente en funcionamiento en Galicia-, una vez que éstos sean sustituidos por los Talgo de la serie 106 (Avril), aprovechando la infraestructura de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza y la línea convencional Zaragoza-Teruel. 

En el lado del debe, la abstención de Unidas Podemos ha supuesto que el Congreso mandate al Ejecutivo a prolongar de la vida útil de las nucleares, revertir el cierre de las centrales térmicas y la construcción de un almacén temporal de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), tres puntos que tanto la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como el PSOE no comparten.