Tres días será el plazo que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, tendrá para responder a las preguntas enviadas por el juez del 'caso Pegasus', José Luis Calama, que investiga el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Así lo ha dictaminado este miércoles el magistrado de la Audiencia Nacional en una providencia en la que también indica que, una vez recibidas y analizadas las respuestas, se abrirá un plazo para que las partes personadas puedan formular nuevas preguntas.

A fin de que el ministro pueda contestar y remitir las respuestas escritas al Juzgado Central de Instrucción número 4, el magistrado ha acordado enviarle el cuestionario de preguntas formuladas por él y por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en un sobre cerrado. La Abogacía del Estado también tenía la opción de plantear sus propias preguntas, pero finalmente ha renunciado a hacerlo. En el pliego de preguntas tampoco constará ninguna de APEDANICA y Prolege, admitidos como acusaciones populares, debido a que no han reunido todavía los 10.000 euros necesarios de fianza para personarse.

Bolaños usará el "privilegio procesal" para declarar por escrito pese a que el juez de Pegasus pidió una videoconferencia

De este modo, a pesar de que inicialmente el juez citó a Bolaños para que declarase como testigo el pasado 5 de julio, el ministro lo hará por escrito, una potestad contemplada para los miembros del Ejecutivo. El magistrado de la Audiencia Nacional ratificó "tácitamente" esta vía de declaración el pasado lunes, tras no haber obtenido respuesta a su propuesta alternativa de testificar mediante videoconferencia.

Los informes del CNN

Además, en la providencia de este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acuerda también requerir al Centro Criptológico Nacional (CCN) los informes definitivos sobre las análisis de los teléfonos móviles de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska, así como del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que habría sufrido un intento de espionaje. El CCN tendrá un plazo de siete días para enviar dicha documentación al Juzgado instructor.

El juez de 'Pegasus' conservará la información volcada de los móviles de Sánchez, Robles, Marlaska y Planas

La denuncia presentada por la Abogacía del Estado el pasado mes de abril apuntaba a que, gracias a estos análisis realizados por el CCN, se había detectado que los móviles del jefe del Ejecutivo y de la ministra de Defensa habían sido "objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, software espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021". Estos informes ponían de relieve que el teléfono de Sánchez había sido infectado con Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021) y el de Robles, una vez por esas mismas fechas.

El propio juez Calama afirmó el pasado lunes que el hackeo al móvil del presidente del Gobierno es un "delito público", al no afectar únicamente a su "intimidad", sino también a los "intereses generales". Del mismo modo, el magistrado estimó que la infección del dispositivo de la ministra "podría integrar alguno de los delitos relativos al 'descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional'".

El juez advierte de que el hackeo del móvil de Sánchez con Pegasus va más allá de su intimidad y afecta a "intereses generales"