El Gobierno no tiene competencias en amor y de dinero mejor no hablar, de modo que de las tres cosas importantes en la vida el Ejecutivo se ha lanzado a la salud. La sanidad está siendo en buena medida el hilo conductor de su rearme ideológico de izquierda a través de políticas sociales y en las últimas semanas ha aprobado dos leyes de carácter estatal, una para frenar la privatización de la sanidad y otra para estabilizar el puesto de trabajo de médicos y enfermeros, que rozan las competencias de las comunidades. Aun a riesgo de eventuales recursos ante el Tribunal Constitucional como ha amagado ya la Comunidad de Madrid, el Gobierno insiste en marcar la diferencia con el PP en el ámbito sanitario. "Hace un año había un Gobierno que para la gestión de la crisis en lugar de dar estabilidad a los sanitario lo que hizo fue despedirlos", dijo este martes la portavoz, Isabel Rodríguez.

Pronunció estas palabras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó por decreto-ley la modificación del Estatuto Marco de los servicios de salud, la norma de carácter estatal que regula en líneas generales condiciones de laborales del personal sanitario, de médicos, enfermeros o auxiliares que, como la Sanidad en general, son competencia de las comunidades.

La responsabilidad de contratarlos, despedirlos y pagarles el salario es autonómica y el Gobierno ha entrado en este ámbitos modificando un estatuto que en su versión de 2003 reconocía sin poco más la existencia de profesionales interinos y temporales para marcar una clara diferencia. A partir del decreto-ley que lo modifica, el Gobierno elimina la figura del sanitario eventual -los que encadenan contratos basura de meses, semanas o incluso días- y ya solo existirán los interinos y los temporales, especificando muy concretamente en qué casos pueden ser contratados. Además, obligará a las comunidades a convocar oposiciones para estabilizar aquellas plazas que lleven ocupadas por un interino tres años, de modo que pueda ganarla un sanitario que será fijo.

Sanitarios interinos, ante el decreto del Gobierno: "Va a estabilizar a muchos, pero no solventa el déficit de profesionales"

Según explicó este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se trata de "limitar la temporalidad para atender necesidades con carácter estrictamente coyuntural". "Es uno de los procesos de mayor estabilidad en la historia del Sistema Nacional de Salud, actuando sobre las personas que están en temporalidad al tiempo que establecemos un marco normativo para que no vuelva a producirse la misma temporalidad que en el pasado", dijo.

Será por medio de la obligación que este decreto supone para que las comunidades convoquen oposiciones para cubrir con un trabajador que pasará a ser fijo una plaza ocupada durante tres años por un interino, algo que acortará mucho los plazos en oposiciones pueden estar años y años sin convocarse. Esta tarea es competencia de los gobiernos autonómicos que ahora también serán responsables de controlar la estabilización de los puestos de sanitarios.

Fuentes del Gobierno apuntan ahora que si no lo hacen, estarán yendo contra la ley y preguntada sobre si sus términos no invaden competencias autonómicas, Darias se limitó a cuestionar quién aprobó el estatuto marco que se ha modificado ahora, sugiriendo que también el Gobierno del PP legisló en esta materia. "Esta ley tiene todos los informes necesarios, de constitucionalidad y en el marco de las competencias modifica una ley de 2003. ¿Y quién gobernaba en 2003?", preguntó Darias, en alusión al Gobierno de José María Aznar. Lanzó la pregunta en una rueda de prensa en las que las alusiones al refuerzo de la sanidad pública vinieron por todas partes. No solo la portavoz y la ministra de Sanidad, que este martes sometió también a la aprobación del Consejo de Ministros  de la licitación de 10 equipos para tratamiento con protonterapia donados por la Fundación Amancio Ortega por 271 millones que supondrán un "paso de gigante" en los tratamientos contra el cáncer.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se tomó la "licencia" antes de contestar a una pregunta sobre la eventual llegada de una nueva recesión económica para felicitar a Darias por el desarrollo del programa INVEAT, que destinará este año 400 millones en equipos de alta tecnología para diagnóstico y tratamiento. "Es uno de los programas que nos emocionan más, lo vivimos muy intensamente en lo personal", dijo Calviño antes de dar la enhorabuena a la ministra de Sanidad.

Críticas de comunidades y sindicatos

El Gobierno espera poder sacar adelante el decreto de estabilización que ya ha trabajado con los grupos parlamentarios y que ha negociado con los sindicatos. De momento, la reacción de varias comunidades ha sido reprochar al presidente, Pedro Sánchez, que se atribuyera en una entrevista en El País la conversión en fijos de 67.300 sanitarios, entre médicos, enfermeros y auxiliares. Esta es una medida obligada por la UE y decidida y pactada por las comunidades, a la que el Gobierno ha puesto la fecha del 31 de diciembre de este año para que las comunidades publiquen las 67.300 plazas que se secarán a concurso. Darias habló de un proceso realizado con la "máxima cogobernanza". La Comunidad de Madrid criticó la "apropiación indebida" por parte de Sánchez  de estas plazas de sanitarios que se convertirán en fijas, cuando es un "mandato de Europa", que el año pasado llamó la atención sobre la "abusiva temporalidad" en la Administración española e instó al Gobierno al compromiso de reducirla al 8%. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Jesús García-Cruces Méndez, tildó de "totalmente propagandista" que el anuncio de Sánchez de que el Gobierno iba a hacer fijos a 67.300 sanitarios.

También por el flanco sindical han llovido críticas al decreto. El secretario de Sanidad de CCOO, Humberto Muñoz, también afeó a Sánchez el anuncio de la estabilización de 67.300 plazas de sanitarios cuya publicación en el BOE era "inminente" fruto de un acuerdo previo. Además, censuró que el decreto solo consolida plazas que ya existen pero no crea ninguna nueva para "incrementar las diezmadas plantillas" de médicos o enfermeros. "Lo que se va a hacer es cumplir las directivas europeas adaptando nuestras leyes nacionales (...) pero estabilizar estas plazas no significa en absoluto reforzar las plantillas", advirtió el responsable de CCOO, que cifra en 60.000 los médicos y enfermeros adicionales que son necesarios.

Blindar la sanidad pública

De momento no ha habido ninguna advertencia de recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias como sí la ha habido, por parte de Madrid, contra medida sanitaria que ha tomado el Gobierno central en las últimas semanas y que, como ha ocurrido ahora, también fue anunciada por Sánchez. En esta ocasión, en un mitin de campaña de las elecciones de Andalucía, cuando el presidente anunció una ley para que la sanidad "no se privatice".

Se refería al proyecto de ley que aprobó días después el Consejo de Ministros, también con una innegable carga social e ideológica, para "blindar" la sanidad pública, haciéndola prioritaria frente a la privatización, que pasará a ser "excepcional". 

El Gobierno acotará la privatización de la sanidad a casos excepcionales y los criterios serán pactados con las autonomías

La norma no prevé revertir la privatización a la que recurren en mayor medida las comunidades gobernadas por el PP aunque apuntaba para el futuro otra ley para ayudarlas a revertir la externalización de servicios sanitarios. De nuevo, la decisión de privatizar en Sanidad es competencia de las comunidades y el Gobierno entró en este campo intentado evitar los litigios judiciales pactando con ellas los criterios que determinarán cuando pueden permitirse las privatizaciones.