La Comunidad de Madrid ha asegurado este martes que no descarta abrir otro frente judicial contra el Gobierno si las Cortes Generales acaban aprobando el Proyecto de Ley de Equidad Sanitaria, que según el Ejecutivo central tiene el objetivo de reforzar el sistema nacional de salud. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha explicado que las competencias en materia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas y si la futura regulación las invade, la Comunidad está dispuesta a denunciar esta "intromisión" ante el Tribunal Constitucional. 

"Esta ley modifica varias leyes para asegurar la equidad y universalidad, algo que ya existe en Madrid", ha apuntado López durante el desayuno informativo que ha protagonizado en el Nueva Economía Fórum. El consejero ha añadido que el Estatuto de Autonomía madrileño contempla que es la Comunidad la titular de las competencias en materia de gestión sanitaria. Mientras, el Estado tiene reservadas para sí tanto las políticas que afectan a las bases del sistema como todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio público sanitario, que tiene que ser igual para todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que vivan.

Legislar más allá de este reparto motivaría el recurso a los tribunales, que se sumaría a otros frentes abiertos por la Comunidad por ejemplo en materia educativa. El consejero de Díaz Ayuso ha rechazado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busque reforzar el sistema sanitario con esta ley y ha opinado que hay una motivación ideológica, que pretende enfrentar el modelo de sanidad pública al privado. 

"Esta ley  prohíbe los conciertos y la gestión indirecta", ha señalado el responsable madrileño, que ha destacado que Madrid apuesta por este modelo de "cooperación público-privada", lo que a su juicio no supone descuidar el sistema público. "Tenemos autonomía para defender nuestro modelo respetando la igualdad: la Constitución y nuestro estatuto así nos lo compete", ha subrayado Enrique López quien, en todo caso, ha señalado que el recurso a los tribunales frente a una hipotética intromisión de competencias es una de las "armas" que otorga el Estado de Derecho a las diferentes administraciones frente al resto.