El Parlament avala el decreto que descarta los porcentajes en respuesta a la sentencia del 25% de castellano en las aulas

Vista general del hemiciclo, en una sesión de control al Govern, en el Parlament, a 20 de octubre de 2021.
Vista general del hemiciclo, en una sesión de control al Govern, en el Parlament, a 20 de octubre de 2021.
David Zorrakino / Europa Press
Vista general del hemiciclo, en una sesión de control al Govern, en el Parlament, a 20 de octubre de 2021.

El pleno del Parlament de Catalunya ha avalado este miércoles el decreto ley que aprobó hace un mes el Govern en respuesta a la sentencia del 25% de castellano en las aulas. La norma prevé ser el paraguas legal de los proyectos lingüísticos de las escuelas catalanas y proteger así a los directores de los centros.

El decreto, que recibió el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries (CGE)  al considerar que no vulnera ni la Constitución ni el Estatut, completa la ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela que se aprobó el 8 de junio, y determina la "inaplicación" de porcentajes de catalán y de castellano en los centros educativos.

La norma fija, además, los criterios de elaboración y validación de los proyectos lingüísticos de los centros y el Departamento de Educación asume la responsabilidad legal de todos estos proyectos para "dar seguridad a las escuelas".

El decreto ha sido aprobado con los votos favorables de ERC, Junts y los 'comuns' y los votos en contra del PSC, la CUP, Vox, PP y Cs. Pese a que el PSC sí votó a favor de la ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela –que fija el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua de «uso curricular»– junto a ERC, Junts y los 'comuns', los socialistas se han desmarcado del decreto al considerar que se opone al cumplimiento de la sentencia.

"Rompe el acuerdo"

Concretamente, la diputada socialista Esther Niubó ha sostenido que este decreto rompe con el acuerdo de la ley sobre el catalán al no recoger el uso curricular del castellano que sí incluye la ley. Además, considera que supone un desafío a los tribunales y que puede "volver a alimentar un conflicto lingüístico, cuando la ley lo deja bien resuelto".

Por su parte, el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que el decreto completa la regulación de la ley sobre el catalán en las aulas ante una "situación judicial anómala, como es la pretensión de imponer desde los tribunales" un 25% de las clases en castellano.

La diputada de Junts Anna Erra ha defendido la necesidad de su aprobación para "plantar cara a este embate judicial", constatar por ley que el catalán es lengua vehicular en los colegios y proteger a los centros educativos frente a la sentencia del 25%. Mònica Palacín (ERC) ha criticado que el decreto no tenga tanto consenso como la ley porque "algunos tienen líneas políticas demasiado de partido y no de país", en referencia al PSC.

Por parte de los 'comuns', Jéssica González ha dicho que el decreto es un paso más, pero ha pedido no olvidar que la "defensa del catalán" debe ir acompañada de la lucha contra las desigualdades o "se asociará a la burguesía o a la indiferencia ante el sufrimiento de las personas".

Desde la CUP, Nogay Ndiaye ha preguntado cómo se garantizará el uso de las lenguas al no haber referencias en el texto y ha criticado que el decreto sí hace que "la responsabilidad caiga en los centros, ligando la aplicación de la sentencia a los proyectos lingüísticos".

PP, Vox y Cs llevarán el decreto ante el Constitucional

La diputada de Cs Anna Grau ha calificado el decreto de "chapuza" de un Govern que "se cree por encima del bien y del mal" y Lorena Roldán (PP) ha asegurado que el Govern "se ha inventado un decreto para incumplir una resolución judicial" y ha considerado que merece una respuesta contundente por parte del Gobierno.

El diputado de Vox Manuel Jesús Acosta ha dicho que se pretende modificar el marco legislativo "fraudulentamente y con ánimo desobediente" para no cumplir la sentencia del 25%. Los tres partidos han advertido de que llevarán el decreto ante el Tribunal Constitucional, así como la ley aprobada el 8 de junio.

Por otra parte, Cambray ha avanzado que a este decreto ley le seguirá otro sobre la elaboración de los proyectos lingüísticos y que se evaluarán las competencias orales de los alumnos tanto en catalán como en castellano y en inglés en sexto de Primaria y en cuarto de la ESO.

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