El Gobierno catalán aprobó este lunes un decreto ley que rechaza explícitamente los porcentajes en el uso de las lenguas en la enseñanza. Concretamente, el texto habla de "inaplicación" de la resolución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. El plazo que dio el tribunal para aplicar esa sentencia concluye este martes.

La nueva norma legal, que ya está en vigor, se aprobó en un consejo extraordinario del Govern y, tras esta reunión, su portavoz, Patrícia Plaja, manifestó que se basa en que "el aprendizaje de las lenguas nunca se puede hacer por porcentajes sino por criterios pedagógicos".

Según Plaja, el principal objetivo del decreto es fijar unos criterios para diseñar un proyecto en cada centro que consiga que, al final del ciclo, los alumnos sepan hablar y escribir correctamente en catalán y castellano.

El decreto también atribuye a la Consejería de Educación la potestad de validar y asumir "la responsabilidad sobre la legalidad" de los proyectos lingüísticos de los centros. Esta medida se toma, según explicó Plaja, porque el decreto del Gobierno catalán tiene por objetivo "proteger" a las direcciones y a los centros ante posibles decisiones judiciales en contra de sus proyectos lingüísticos.

Explícitamente, se rechazan los parámetros numéricos, como pueden ser los porcentajes, y se basan "en la situación sociolingüística del centro y de su entorno". Ya que se entra en contradicción con la sentencia del TSJC, Plaja aseguró que es el departamento de Educación el que «asume toda la responsabilidad», y en "última instancia" el consejero de Educación, Josep González Cambray. Plaja aseguró que el decreto se ha aprobado con todas las "garantías" jurídicas para que no pueda ser rechazado.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, subrayó, en cambio, que respecto a la sentencia "no hay debate que valga", ya que es de obligado cumplimiento. No obstante, dijo que si se cumple o no, no le corresponde a ella, sino al TSJC. La portavoz del PSC, Alícia Romero, avanzó, por su parte, que su grupo no apoyará el decreto ley porque "desafía a los tribunales" y "no menciona el uso curricular del castellano", como sí recoge la nueva ley pactada por el PSC con Junts, ERC y comuns. El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, anunció que llevarán el decreto ante el Consejo de Garantías Estatutarias: "No podemos permitir que el Govern siga pisoteando los derechos de todos los catalanes contraviniendo el Estado de derecho".

Alegría: El TSJC tendrá que "determinar" si decreto del catalán es "acertado"