La decisión de Argelia de poner en pausa el tratado de amistad y buena vecindad con España, lo que llevó después a sus bancos a congelar las domiciliaciones relacionadas con las operaciones de comercio exterior, ha puesto en jaque las relaciones con el principal proveedor de gas de nuestro país. Relaciones que llevaban deterioradas desde que hace dos meses el Gobierno de Pedro Sánchez cambió su postura con respecto al Sáhara Occidental, aceptando el plan de autonomía de Marruecos. Las implicaciones que esta crisis puede llegar a tener son, de momento, imprevisibles.

Para empezar, en el plano económico. La congelación del comercio entre Argelia y España amenaza un negocio que movió algo más de 7.000 millones de euros en productos a ambos lados en 2021. Pero en el que la balanza está claramente descompensada hacia el lado magrebí. Y es que el año pasado, España importó bienes procedentes de Argelia valorados en 5.255 millones de euros, mientras que las exportaciones con destino al país norteafricano ascendieron solo a 2.093 millones en comparación, según datos de comercio que recopila el International Trade Center.

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Aunque en términos de facturación Argelia es un socio comercial pequeño para España (apenas supone el 1% del valor de las importaciones nacionales), la naturaleza de los productos que vende lo hacen un país estratégico. El 91% de las importaciones de España desde Argelia son de productos energéticos, más concretamente de hidrocarburos y derivados. Y en este punto, el gas natural tiene un papel totalmente protagonista. El 97% del que importa España a través de gasoducto procede de la república argelina.

No obstante, desde Naturgy, que negocia desde el año pasado con la empresa estatal del gas de Argelia la renovación de su contrato, aseguran a 20minutos que las relaciones comerciales entre las dos empresas son buenas y que el contrato para el suministro de gas vence en 2032 y que lo que está pendiente aún es la revisión de los precios. Precios que el Gobierno ya viene admitiendo que podrían incrementarse.

En el plano político, la tormenta ya se ha desatado. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pasado de lamentar la decisión de Argelia a subrayar que el Gobierno se encuentra "analizando las implicaciones tanto a nivel nacional como europeo". A partir de ahí, preparará "una respuesta constructiva, serena, pero firme y en defensa de los intereses de España y de las empresas españolas". Una opción es denunciar a Argelia ante la UE por incumplir el acuerdo de asociación firmado en 2005, si bien fuentes gubernamentales inciden en que "no hay que adelantar acontecimientos". La UE, que ve "extremadamente preocupante" el veto de Argelia, echó un capote a España al pedir al país magrebí que revierta su decisión y abra paso al diálogo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió claridad al Gobierno acerca de las posibles consecuencias que puede acarrear la crisis, pero hizo también un llamamiento a Argelia: que "distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español".