Los encargados de controlar el cumplimiento de las medidas comprendidas en el proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó este martes para reducir el desperdicio alimentario serán las comunidades autónomas, según han informado fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Corresponderá, por tanto, a los responsables autonómicos sancionar con multas que ascienden hasta el medio millón de euros a los implicados en la cadena alimentaria por infracciones como la falta de un plan de prevención al efecto o de un convenio para la donación de los productos no vendidos.
Las mismas fuentes han aclarado que no será necesaria la creación de nuevos cuerpos de inspectores para garantizar el cumplimiento de la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, sino que los controles pertinentes se añadirán a los ya realizados para vigilar la actividad comercial. De este modo, a pesar de que el Ministerio de Agricultura deberá elaborar un plan nacional de control del desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y las prioridades a seguir en las tareas de control, serán los inspectores autonómicos quienes velarán por el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el proyecto legal.
Plan de prevención
Dichas obligaciones afectan a todas las empresas y entidades implicadas en la cadena alimentaria. Así pues, todos los agentes deberán contar con un plan de prevención que incluya un autodiagnóstico desde el que adoptar medidas para minimizar las pérdidas y que contemple la denominada "jerarquía de prioridades de uso". Esta jerarquía se refiere al flujo que deberán seguir los alimentos para evitar su desperdicio. La máxima prioridad es siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos.
A esos efectos, todos los agentes de la cadena, excepto los locales de menos de 1.300 metros cuadrados, deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades sociales, ONG o bancos de alimentos, quienes a su vez deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.
Otra opción propuesta por el proyecto de ley es la transformación de los alimentos no vendidos en otros como zumos o mermeladas. En caso de que ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la siguiente: la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria ya como residuos y la obtención de compost o biocombustibles. Además, las empresas de hostelería tendrán la obligación de ofrecer al consumidor la posibilidad de llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional, salvo en los bufés libres.
Las sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones oscilan entre los 2.001 y 60.000 euros para faltas graves, como no contar con un plan de prevención o ser reincidente en la comisión de infracciones leves, sancionadas estas con multas de menos de 2.000 euros. Se consideran faltas leves la inexistencia de convenio de donación o la discriminación en el acceso al reparto de alimentos. Por el contrario, las infracciones muy graves son sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa.
Buenas prácticas
Además de las obligaciones, el proyecto de ley también incluye un catálogo de buenas prácticas orientadas igualmente a reducir el desperdicio alimentario. Algunos ejemplos de estas medidas voluntarias son la creación de líneas de venta de productos "feos" en los supermercados, el fomento del consumo de productos de temporada, ecológicos y de proximidad e incentivos a la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.
Por su parte, el Gobierno se compromete con la futura ley a llevar a cabo acciones formativas y divulgativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente. Asimismo, el proyecto de ley prevé la elaboración por parte del Ejecutivo de un Plan Estratégico revisable cada cuatro años que defina el horizonte de las políticas orientadas a luchar contra el desperdicio alimentario y que establezca las orientaciones que deberán seguir las comunidades autónomas. Esta planificación formará parte del Programa Estatal de Prevención de Residuos.
Por otro lado, también se prevé la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica para mejorar la medición de los residuos alimentarios, tal y como viene exigiendo la Unión Europea. En ese sentido, los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de colaborar con las administraciones públicas para la cuantificación del desperdicio alimentario, una labor en la que fuentes del Ministerio de Agricultura afirman que ya se está trabajando mediante un panel de hogares y otro de consumidores para el desperdicio extradoméstico.
En su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, cuantificó la pérdida anual en nuestro país en 31 kilos de alimentos por habitante, lo que supone unos 250 euros de perjuicio económico por persona. Fuentes ministeriales apuntan a que, de entrar la ley en vigor el 2 de enero de 2023, sería factible prever una reducción del desperdicio de entre el 5 y el 10% anual en los hogares. En un horizonte más amplio, la previsión general es reducir a la mitad la pérdida de alimentos a nivel mundial para el año 2030.
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