Sandalias con calcetines, gafas de sol y maletas. Unas 50 personas vestidas de "guiris" se han concentrado este martes a las 17:30 horas ante la inmobiliaria SH Barcelona para protestar contra el incremento de pisos turísticos y de alquiler temporal frente a la "falta de alquiler residencial".

El Sindicat de Llogateres y la Xarxa d'Habitatge de l'Eixample Esquerra han convocado la acción en esta inmobiliaria porque, señalan, se trata de la empresa que está comercializando los pisos de Casa Orsola, el edificio cuyo nuevo dueño, Lioness Inversiones, se niega a renovar los contratos de alquiler de los inquilinos que viven en él y ofrece alquileres temporales por 2.000 euros al mes.

Durante la protesta, los activistas por la vivienda se han concentrado en la entrada de SH Barcelona, donde, ataviados con el 'disfraz' de turista, han puesto música y se han pasado balones hinchables mientras sostenían carteles que rezaban 'Casa Orsola se queda'. También han colocado una gran pancarta en la entrada con el mensaje "+ vecinos - turistas" y han accedido a la inmobiliaria.

Desde el Sindicat de Llogateres cuentan que, de las seis viviendas que recibieron un burofax en el que anunciaban a los inquilinos que no les renovarían el contrato, tres ya lo tienen finalizado. La organización cuenta que uno de estos casos es el de Josefa, "una mujer mayor y vulnerable con derecho a alquiler social a la que la propiedad forzó a aceptar una prórroga de un año para no expulsarla de la vivienda".

La lucha de los vecinos de la Casa Orsola para que la propiedad renueve sus contratos de alquiler llega al pleno del Eixample

También señalan el caso de Elisenda y su familia, que disponen de un informe de exclusión residencial. Ellos, cuentan, llevan fuera de contrato desde el pasado 1 de mayo y ya han enviado a Lioness Inversiones toda la documentación para acogerse a la ley que obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables. En este tiempo, han intentado seguir pagando el alquiler, pero la propiedad lo ha rechazado, por lo que han recurrido a la vía judicial.

Por otra parte, hay otras dos viviendas que pronto estarán también fuera de contrato y un local comercial en el que hay un quiosco que ya lo está. Además, el Sindicat de Llogateres asegura que la empresa ha amenazado a los vecinos para que retiren las pancartas de protesta que han colocado en los balcones del edificio y ha iniciado unas obras que, denuncian los vecinos, no cumplen la legalidad.

Reactivación del turismo y legislación

El Sindicat señala que la reactivación del turismo "ya está teniendo efectos graves sobre el derecho a la vivienda", ya que "la facilidad que tienen los grandes tenedores para expulsar a vecinos y alquilar viviendas de forma temporal está multiplicando los casos de inquilinos a los que no se les está renovando los contratos y de fincas vacías a base de desahucios invisibles".

Además, apuntan que, mientras que los pisos turísticos sí necesitan una licencia específica, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no contempla ningún tipo de licencia para los alquileres de temporada, que pueden ser de entre 31 días y 11 meses si el fin de esta vivienda no es que se utilice como primera residencia.

"La falta de mecanismos que fiscalicen el uso de los contratos de alquiler temporal facilita que se utilicen de forma fraudulenta y que, ante la demanda de viviendas de alquiler, muchas personas que buscan una primera residencia acaben firmando contratos temporales. Este hecho supone una vulneración de derechos para los inquilinos, que, cada 11 meses o menos, se ven o bien expulsados de sus hogares, o bien expuestos a subidas de alquiler abusivas", denuncian.

Para evitar esta situación, el Sindicat reclama al Gobierno que la nueva Ley de Vivienda estatal incorpore una medida que sirva para perseguir a los propietarios que alquilan de forma fraudulenta. Reclaman también que se reestablezca la regulación de los alquileres en Cataluña -tumbada por el Constitucional-"para proteger a los inquilinos ante subidas de alquiler" y que se amplíe la duración de los contratos.