En los últimos cuatro años, la estrategia nacional contra la pobreza energética, de la que es pieza clave el bono social de luz y calefacción, no ha conseguido reducir la vulnerabilidad de los hogares que echan mano a ellos. Al contrario, el número de familias que no pueden calentar su casa adecuadamente en invierno o que se retrasan en el pago de las facturas fue mayor en 2020 que en los años precedentes. En esta situación, el Ministerio de Transición Ecológica mira ya más allá, a más largo plazo, hacia la denominada "rehabilitación exprés" de hogares vulnerables, para avanzar en el objetivo de eficiencia energética y para buscar otro modo por el que los más desfavorecidos paguen menos por la energía que consumen.
"El bono social eléctrico y el bono social térmico son medidas importantes, pero no dejan de solucionar un 'gap' [brecha] muy a corto plazo", ha señalado este martes el subdirector general de eficiencia en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Jacobo Llerena, durante un seminario organizado por la Fundación Naturgy sobre la rehabilitación exprés para paliar la vulnerabilidad energética de los hogares.
Según el representante del ministerio que dirige Teresa Ribera, el bono social es comparable a una bicicleta estática, que exige "pedalear mucho, pero el avance es muy poco". El bono social sufraga, según la renta de los hogares, entre el 30 y 40% del coste de la energía en los hogares más desfavorecidos, hasta llegar al 100% en el caso de los que están en riesgo de exclusión social y, según la CNMC, en 2019 costó casi 30 millones que sufragaron las empresas de electricidad.
Sin embargo, según los datos que ha aportado Llerena, recibir el bono social supone una ayuda parcial o total para pagar la luz o la calefacción, pero no contribuye a que los hogares salgan de la pobreza energética. Para ello, ha comparado los distintos indicadores que la miden entre 2017 y 2020 y el resultado es que las tasas empeoran o mejoran solo ligeramente.
Pobreza energética
Por ejemplo, en 2017 el 8% de los hogares tenían una temperatura inadecuada y en 2020 era del 10,9%, tras ir subiendo al 9,1% en 2018 y descender al 7,6% en 2019. En 2017, el 7,4% de los hogares decía retrasarse en el pago de las facturas y en 2020 l hacía el 9,6%.
La situación mejora ligeramente por lo que respecta a la "pobreza energética escondida", que en 2017 afectaba al 10,7% de los hogares y en 2020, al 10,3 y si se tiene en cuenta los hogares con un "gasto desproporcionado" en energía, el 17,3% que padecía esta circunstancia en 2017 se redujo al 16,8% en 2020.
En este escenario, el ministerio apuesta por la rehabilitación "exprés" de hogares vulnerables para avanzar en la eficiencia energética que busca en general. "Medidas como la rehabilitación exprés pueden ser un instrumento muy novedoso y creativo que puede ayudar mucho", ha afirmado el subdirector de eficiencia. "Estamos intentando conjugar dos conceptos muy potentes, la rehabilitación energética y como un instrumento ad hoc, la rehabilitación exprés, con características propias", ha añadido.
Se trata de una forma de introducir mejoras para el ahorro de energía por medio de obras para las que no es necesario pedir una licencia, que incluso no requerirían del visto bueno de la comunidad de vecinos y que permite que los inquilinos se queden su casa mientras se realizan. Según la definición que hace la Fundación Naturgy, son "mejoras en los hogares para incrementar la eficiencia energética que no supongan intervención estructural y que puedan ejecutarse de manera ágil. Las soluciones se clasifican en: suelos, cubiertas, carpintería y vidrios y protecciones solares".
Menos IVA y no efecto sobre el IRPF
Para ello, Llerena ha asegurado que Transición Ecológica cuenta con compañías como Naturgy, que desde 2018 ha financiado 1.745 actuaciones para cambiar carpintería y acristalamiento, poner luces de bajo consumo, reparación de calefacción o aire acondicionado, aislar de paredes, techos y humedades o cambiar electrodomésticos en hogares seleccionados por organizaciones del tercer sector como Cruz Roja o Foment de l'Habitatge Social, que también han participado en el seminario de este martes. De todos ellos, el representante del Ministerio de Transición Ecológica ha escuchado peticiones de rebaja fiscales y otros incentivos. Por su parte, ha asegurado que, frente al bono social que pagan las empresas, en esta caso debe haber fondos europeos para ello. "Dinero puede haber", ha afirmado tras enumerar los 17.500 millones del Fondo para la Transición Justa o los 72.000 del Fondo Social del Clima, ambos de la UE.
La cuestión financiera no es banal, dado que estas rehabilitaciones son "a fondo perdido", ha recordado María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, porque son "familias no tienen posibilidad de asumir el coste". "Las familias de rentas más bajas no van a poder costear la rehabilitación, debería ser un tema de Estado la renovación del parque de viviendas de las familias mas vulnerables", ha terciado Sergio Rodríguez, de Foment de l'Habitatge Social.
Las organizaciones que están en contacto con estos hogares vulnerables y gestionan la rehabilitación han pedido al gobierno que rebaje el IVA de esta actividad del 21 al 10% y que no tributen en el IRPF de las personas que se beneficien de ellas. De forma menos precisa, han insistido en la necesidad de eliminar la desconfianza de que unas obras en su vivienda terminen generándoles un gasto en energía. Según Sara Casas, de Cruz Roja, se trata de la "desconfianza que pueden tener sobre si les puede un gasto extra o en la factura o en el IRPF".
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