El mantenimiento de los descuentos en la factura de la luz a los consumidores vulnerables acogidos al bono social eléctrico que contempla el plan nacional frente a las consecuencias económicas de a guerra en Ucrania tendrán un coste estimado de 75 millones de euros. Así figura en el decreto-ley que entrará en vigor este jueves y donde el Gobierno incluye también el nuevo sistema por el que se financiará el bono social, a través de todas las compañías que operan en el sector energético y los "consumidores directos del mercado".

La compensación a las eléctricas por limitar el precio del gas será asumida por los consumidores del sistema energético

Este esta es la partida del presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica destinada a unas medidas que estarán en vigor hasta el 30 de junio y con las que el Gobierno quiere sumar hasta 600.000 hogares al bono social eléctrico, con lo que elevaría el número total a entre 1,8 y 1,9 millones de hogares, aproximadamente el 10%.

Según consta en el texto del decreto-ley que se han publicado este miércoles en el BOE, la norma incluye la aprobación de un suplemento de crédito a cargo del presupuesto del Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por una cuantía de 75 millones, El objeto es "financiar la ampliación de la cobertura del bono social térmico a los nuevos beneficiarios acogidos al bono social de electricidad".

A partir de este jueves, cuando entrará en vigor la ley que engloba este plan económico, entrará también en vigor la prórroga hasta el 30 de junio de 2022 para los descuentos del bono social a los consumidores domésticos de energía eléctrica que tengan consideración de consumidor vulnerable. En concreto, un descuento de un 60% y un 70%, para consumidores vulnerables y vulnerables severos, respectivamente.

Más beneficiarios

Por otra parte, el decreto-ley amplía el nivel de renta de las personas que pueden beneficiarse del bono social y otras circunstancias para poder recibirlo. 

Se incrementa en un 0,3% la valoración del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para esta y otras ayudas públicas, en el caso de los adultos que habiten un hogar que lo solicite y un 0,5% en el caso de los menores que vivan en él. Como ya ocurría con las "unidades de convivencia" entre miembros de una familia o lazos de algún tipo, los ingresos  de las personas que compartan casa no deberán superar los 500 euros al mes.

De la misma manera que ocurre para el ingreso mínimo vital (IMV), personas que compartan casa pero entre quienes no haya vínculos familiares o afectivos podrán pedir cada uno el suyo, siempre que cumplan los requisitos. Quienes reciban el IMV también podrán ser receptores del bono social de forma automática, como automática será la renovación del mismo a los dos años, por otros dos, si siguen concurriendo las circunstancias que les permitieron acogerse a él.

Quienes sean beneficiarios del bono social "mantendrán el mismo hasta que finalice el plazo de dos años desde su concesión o, en caso de las familias numerosas, hasta que caduque el título de familia numerosa", dice el decreto, que añade que "dos meses antes de la finalización del periodo de percepción del bono social, el comercializador de referencia comprobará y comunicará al consumidor si se cumplen los requisitos (...). En caso positivo, se prorrogará automáticamente durante otros dos años".

Nueva financiación

La entrada en vigor del decreto-ley supone también la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de financiación de este instrumento, después de que que el año pasado el Tribunal Supremo echara por tierra el que existía antes, por el que solo las empresas distribuidoras corrían con el coste. El Alto Tribunal lo declaró discriminatorio y el Gobierno incluye ahora un nuevo sistema en el que participan todas las empresas del sector de la electricidad, también las generadoras, de traslado y de comercialización, así como los consumidores.

"La cuantía total del bono social es financiada por todos los sujetos obligados que participan en las actividades de la cadena de suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como por los consumidores directos en mercado", dice el decreto sobre cómo se financiará el bono social a partir de ahora.