El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha admitido una denuncia presentada contra el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro. Al izquierdista se le acusa del presunto secuestro del periodista Fernando González Pacheco por parte de la organización guerrillera M-19, en la que militó el político.
La admisión se produce "a los solos efectos" de ofrecer a los familiares del periodista la posibilidad de querellarse tras la negativa de la Fiscalía a realizarlo, indica un auto publicado el 19 de mayo en el Juzgado Central de Instrucción Número 6.
El Ministerio Público ha recurrido esta decisión al no apreciar la conexión de los hechos con la jurisdicción del tribunal. La admisión de la denuncia se da un día después de la victoria de Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. El candidato ha conseguido el 49,32% de los votos.
El periodista fue secuestrado por la guerrilla entre 1977 y 1990 y liberado posteriormente. González Pacheco, periodista famoso en Colombia, murió en Bogotá en 2014 por una complicación cardíaca.
La relación existente con la Audiencia Nacional es el nacimiento de González en España. Para corroborarlo el magistrado ha ordenado a la Policía comprobar la nacionalidad del periodista en el momento en el que se producieron los hechos denunciados.
El juez Gadea solicita que se averigüe si Petro "goza de estatuto de amnistiado o indultado, y especialmente, si ha sido investigado, absuelto o condenado por los hechos". Además, se le ofrece la posibilidad de personarse para poder defenderse.
Decisión difícil para la AN
El magistrado deja claro que esta práctica ayudará a "esclarecer, sin lugar a duda, la competencia de la jurisdicción española, y en concreto comprobar si procesalmente resulta posible su investigación".
A pesar del "sobrecogedor relato fáctico descrito en la denuncia" el juez advierte que la "extensión y aparente falta de puntos de conexión con la jurisdicción española" permite "aventurar que su conocimiento" es "difícilmente asumible por este Juzgado Central de Instrucción".
La denuncia interpuesta por François Roger Cavard contra Petro imputa al dirigente la comisión de delitos calificados inicialmente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
El denunciante especifica en el auto que Petro "habría sido integrante" de la extinta guerrilla M-19, quienes durante al menos dos décadas (entre los años 70 y 80) emplearon de manera sistemática e indiscriminada el secuestro de personas, la tortura y el asesinato intencional con el objetivo de destruir a quienes consideraban su enemigo".
Denuncia
En el escrito se detalla que las "violaciones de los derechos humanos cometidas por Petro Urrego en Colombia durante las décadas de los 70 y 80 que arrojaron un trágico y vergonzoso saldo de miles de personas ejecutadas, otros miles torturados, y miles de víctimas desaparecidas, están aún en la impunidad".
El marco temporal en el que el denunciado sitúa los hechos se encuentra entre los años 1977 a 1990 y englobaría tanto acciones cometidas en el interior de Colombia y atribuidas propiamente a la organización M-19 como a acciones cometidas en asociación con grupos paramilitares.
A pesar del extenso relato y repaso a supuestos hechos delictivos cometidos por el grupo, el juez deja claro que "tan solo el caso del secuestro del periodista resultaría con una aparente vinculación con la Jurisdicción española".
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