Barcelona actualizará la Zona de Bajas Emisiones para protegerla ante una posible anulación del Supremo

  • Ayuntamiento, Generalitat y Área Metropolitana han presentado sendos recursos de casación ante el Alto Tribunal.
Una señal de la ZBE en la Ronda Litoral de Barcelona.
Una señal de la ZBE en la Ronda Litoral de Barcelona.
Aina Martí / ACN
Una señal de la ZBE en la Ronda Litoral de Barcelona.

El Ajuntament de Barcelona actualizará antes de que finalice el mandato municipal vigente (en  mayo de 2023) la actual ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que prohíbe desde enero de 2020 la circulación por la ciudad entre semana (de 7 a 20 horas) a los vehículos que más contaminan para evitar que un fallo de anulación de la norma por parte del Tribunal Supremo (TS) suponga tumbar esta medida contra la contaminación en el ámbito de dentro de las rondas Litoral y de Dalt. Lo que está trabajando el consistorio es un "refuerzo" de la legislación "con todas las novedades normativas y con más informes relativos a la actual ZBE". 

Será un reajuste del texto "continuista en cuanto a medidas concretas, pero actualizado a nivel normativo". Se volverá a abrir un proceso participativo con entidades y agentes ciudadanos para asegurar su implantación y realizar mejoras antes de tirar adelante la normativa actualizada.

Haremos un refuerzo de la legislación con todas las novedades normativas y con más informes relativos a la actual ZBE" 
(Eloi Badia, regidor de Emergència Climàtica del Ayuntamiento de Barcelona)

El caso se encuentra en manos del TS tras la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la ZBE que aceptó los recursos contra la medida presentados por diversas entidades. La ZBE continúa "plenamente vigente", ha recordado este lunes el consistorio. Mientras, el Supremo dispone de entre seis y 9 meses para pronunciarse sobre los recursos. 

El regidor de Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha anunciado este lunes en rueda de prensa este blindaje de la actual ordenanza, así como la presentación de recursos de casación ante el Alto Tribunal por parte del consistorio, del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y de la Generalitat de Catalunya, que han sido aceptados a trámite. Lo ha hecho acompañado del vicepresidente de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat del AMB, Antoni Poveda, y del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Marc Sanglas. 

La ZBE continúa "plenamente vigente", 
ha recordado este lunes el consistorio. Mientras, el Supremo dispone de entre seis y 9 meses para pronunciarse sobre los recursos de casación de las administraciones

"El derecho a la salud", la clave de los recursos 

Todos ellos han querido mostrar con esta comparecencia una imagen de "respuesta conjunta y coordinada" de las tres administraciones y de los municipios que también pertenecen a la ZBE Rondas Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat y parte del de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs) "para defenderla como una herramienta efectiva para mejorar la calidad del aire y conseguir una movilidad más sostenible", ha explicado Badia. 

Las tres administraciones han enfatizado que los recursos de casación presentados a la alta instancia judicial española "resaltan la obligación de las administraciones públicas de proteger el derecho a la salud" de la ciudadanía, y enfatizan que la sentencia del TSJC "va en dirección contraria a lo que marcan las normativas europeas y estatales" en cuanto a reducción de la contaminación ambiental de las ciudades. 

Tanto Badia como Poveda han recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha anunciado sanciones por rebasar los límites de contaminación en Barcelona y su área de influencia y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuesta por rebajar aún más los límites de polución actualmente permitidos. 

Además, Badia ha indicado que la ZBE de Barcelona ha sido pionera a nivel estatal y que los municipios metropolitanos implicados en la misma son una "referencia" de cara a implementar más zonas de bajas emisiones antes de 2023 (lo que será obligatorio en municipios españoles de más de 50.000 habitantes), tal y como marca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

Desde la Generalitat, Sanglas ha lamentado que el fallo judicial del TSJC "pusiera por encima de la salud y de la calidad del aire los derechos económicos. La vida es el elemento que ha de estar por encima de cualquier otro como la economía", ha declarado. Del mismo modo, ha resaltado que la propia Generalitat, desde el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha abierto una línea de ayudas dotada de seis millones de euros para las localidades catalanes de 20.000 a 230.000 habitantes que quieran contar con una ZBE antes del año 2025. La mitad del presupuesto procede de los ingresos recaudados con el nuevo impuesto que grava las emisiones de CO2 de los vehículos. 

En datos municipales, que ha recalcado este lunes Badia, el despliegue de la ZBE ha permitido eliminar del interior de Barcelona la circulación de más de 600.000 vehículos muy contaminantes y ha reducido en un 0,8% el total de muertes anuales (125) respecto al año 2017, así como 110 casos anuales de asma infantil (el 5% de los registrados) y 15 anuales de cáncer de pulmón (el 1% del total anual). 

Antes de su puesta en marcha en 2020, se registraban "1.300 muertes prematuras" al año directamente atribuibles a la mala calidad del aire y una de cada cuatro escuelas de la capital catalana estaban expuestas a niveles de dióxido de nitrógeno por encima de los límites legales. 

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