El pasado mes de noviembre se aprobó la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. En ella se volvió a vincular el índice de precios al consumo como mecanismo para la revaloración de las pensiones. Una reforma legal que tuvo el consenso mayoritario del Congreso de los Diputados y que se consiguió tras años de debate en la Comisión del Pacto de Toledo y que dejaba atrás la insostenible reforma de pensiones del Partido Popular (PP) de 2013 que el mismo partido acabó rechazando.

De hecho, se derogó en su totalidad, ya que de no hacerlo hubiera supuesto un recorte automático de las pensiones del 40% en veinte años. Insisto, ampliamente rechazada socialmente.

Una de conclusiones a las que se llegó con la reforma del PP fue que las reformas automáticas, es decir, las reformas que adoptan mecanismos inflexibles, eran insostenibles social y políticamente a largo plazo. Es más, el ministro Escrivá fue tajante al respecto: "Está más que comprobado académicamente que las reglas automáticas per se tienden a fallar; y, en el ámbito de la política monetaria, los bancos centrales de todo el mundo han ido abandonando a las reglas automáticas".

Y nos preguntamos, ¿por qué no se grava a las rentas más altas a través del IRPF?

Y, asumiendo el riesgo de ser machacona, ni el recorte de las pensiones ni el del IPC son el mecanismo para hacer sostenibles las cuentas de la seguridad social.

Y pondremos un ejemplo muy claro. Se podría dar el caso de una persona que tiene una pensión, elevada si se quiere, que tiene una enfermedad degenerativa y, por lo tanto, requiere de cuidados específicos y dispositivos de apoyo de elevado coste que le suponen un dispendio muy importante para su día a día. Le preguntamos al regulador: "¿Se le va a congelar la pensión?".

Recientemente, el Informe Anual 2021 del Banco de España plantea mejorar los ingresos fiscales a través de los impuestos fiscales que grava el consumo, es decir, el impuesto sobre el valor añadido y compensar a las familias vía impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF), un impuesto, teóricamente, progresivo. Esto significa menor recaudación y, por lo tanto, una bajada de impuestos encubierta.

El peor déficit de la historia de la seguridad social fue en 2018 con más de 18.000 millones de euros

Y nos preguntamos, ¿por qué no se grava a las rentas más altas a través del IRPF o a través de otro instrumento fiscal? ¿Por qué va siempre la mirada hacia los pensionistas?

Francamente, hay veces que tanta insistencia del regulador o de otros organismos y sectores financieros hace pensar que le tienen inquina, aversión, urticaria, díganle como quieran, a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Es decir, de revalorizarlas conforme al IPC.

La reforma de pensiones del 2013 se rechazó por las graves consecuencias en el sistema de pensiones tanto social como económica. Recordar tan solo que el peor déficit de la historia de la seguridad social fue en 2018 con más de 18.000 millones de euros. Y, a pesar de ello, hoy las teorías neoliberales vuelven a sobrevolar constantemente sobre el sistema de pensiones como hacen las aves rapaces sobre su presa. Pero lo más sorprendente es que la revalorización de las pensiones con el IPC es ley. ¿Está pidiendo incumplirla seis meses después de su aprobación?

Dejemos las pensiones y a los y las pensionistas tranquilos y tranquilas

No intervengan en las instituciones, como en este las Cortes Generales, y, por lo tanto, en el poder legislativo, que no les corresponde.

Dejemos las pensiones y a los y las pensionistas tranquilos y tranquilas. No volvamos a cometer los mismos errores. Y pensemos en políticas que sean inclusivas socialmente, aquellas que protegen a los que lo necesitan y nos hacen grandes como sociedad.