Los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno mantienen su presión por el supuesto espionaje a decenas de sus dirigentes con el programa Pegasus. Y este martes, el PNV -uno de los partidos que ha mantenido un tono más sosegado al respecto con el Ejecutivo- anunció que presentará una iniciativa legislativa para reformar la ley que regula la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para endurecer el control judicial al servicio. En concreto, los nacionalistas vascos apuestan por que deban ser tres jueces -y no solo uno, como hasta ahora- quienes autoricen una solicitud para espiar a un ciudadano sospechoso, y apuestan por que el CNI esté obligado a hacer un balance ante la justicia tras cada escucha que realice.

Así lo anunció este martes el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y fuentes de la formación nacionalista concretan que la proposición de ley se registrará este mismo martes o el miércoles, aunque lo más probable es que no pueda debatirse hasta el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre. Se trata del paso más claro que ha dado el PNV desde que se produjeron las revelaciones sobre el supuesto espionaje a través de Pegasus, y con él los nacionalistas vascos exploran una vía para otorgar mayor transparencia al CNI que, hasta el momento, los socios del Gobierno no han tanteado al haberse centrado en poner en marcha una comisión de investigación.

"Queremos ser propositivos: más que hacer ruido, nuestra intención es que se aclaren las cosas", planteó en este sentido Esteban, que aseguró que la proposición de ley del PNV es "una propuesta que no ataca lo esencial de un servicio de información, que tiene que existir". En resumidas cuentas, lo que buscan los nacionalistas es incrementar el nivel de control de las actividades del CNI para salvaguardar las "garantías del Estado de derecho", como definió su portavoz. De ahí que uno de los principales planteamientos que contiene la proposición de ley es que el permiso para pinchar un teléfono deban proporcionarlo "tres jueces" por "unanimidad".

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La norma, además, establecería el deber de que el CNI detallara a los jueces "las características concretas de los medios a utilizar" para realizar el pinchazo del teléfono del investigado. Eso, planteó Esteban, ayudaría a los magistrados a "su tarea de aplicar la proporcionalidad" y a conocer con detalle "hasta qué punto penetran" los mecanismos que se utilicen "en la suspensión de derechos fundamentales" del investigado. Por último, el PNV plantea "un control ex post" de la investigación por parte de los jueces, con el fin de que "cuando acabe la operación" el director del CNI deba remitir un informe a la justicia detallando "el grado de ejecución" de la misma, "para ver si se ha adecuado el contenido de lo realizado a la autorización".

La proposición de ley del PNV contempla, asimismo, un refuerzo de los mecanismos de control político del CNI. Para empezar, los nacionalistas quieren que la comisión de gastos reservados -más conocida como de secretos oficiales- del Congreso pueda conocer con detalle "los medios utilizados" en las operaciones de espionaje realizadas por los servicios de inteligencia, para despejar dudas sobre el uso de programas tan invasivos como Pegasus. Y, además, Esteban anunció que su partido busca "que la propuesta del director del CNI deba ser hecha por el presidente y no por un ministro", el de Defensa, como ocurre hasta ahora, para cargar de "responsabilidad política directa" al presidente de lo que haga el servicio de inteligencia.