La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a vivir este jueves su particular día de la marmota. El Partido Popular (PP) ha dejado caer que seguirá sin facilitar la elección de los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces porque no es su prioridad. Las elecciones andaluzas, fijadas para el 19 de junio, también complican el acuerdo. Esto impedirá, a priori, que se cumplan los planes del Ejecutivo, que quería cerrar el pacto antes del 12 de junio, fecha en la que el CGPJ debería nombrar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC) y el Gobierno, otros dos, lo que daría la vuelta a la composición del mismo hacia una posición más progresista.

El asunto ganó foco cuando Alberto Núñez Feijóo alcanzó la presidencia del principal partido de la oposición. Su antecesor, Pablo Casado, había repetido hasta la ensoñación que no renovaría el órgano de gobierno de los jueces si no se hacía bajo sus términos. Es decir, con la promesa del Gobierno de reformar la forma de elección para que fueran los jueces quienes votaran directamente a sus vocales. Sin embargo, el expresidente gallego abandonó esa idea y, con el objetivo de dar la imagen de 'hombre de Estado', parecía que una de sus primeras decisiones sería acordar la renovación del CGPJ con el Ejecutivo.

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No obstante, el PP ha enfriado las expectativas. El coordinador general de la formación, Elías Bendodo, deslizó este jueves que la renovación de un CGPJ caducado desde hace casi tres años y medio no entra dentro de sus prioridades. "En política hay que sabe priorizar y anteponer intereses de españoles a estrategias partidistas. Para el PP, la prioridad es paliar los efectos de crisis económica y energética", ha lanzado el tercero de a bordo.

A estas vicisitudes se suman las dificultades que añade la proximidad de las elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 19 de junio. Y es que fuentes tanto del PSOE como del PP coinciden en que la renovación no llegará antes de esos comicios, en los que los populares se juegan renovar el mandato de Juanma Moreno y coger viento de cola para intentar trasladar ese clima regional al nacional y los socialistas, recuperar uno de sus bastiones clave en el que gobernaron 40 años.

Hay más divergencia en quién tiene la culpa. "Están buscando excusas. Les vale cualquiera para no renovar", sostienen fuentes cercanas a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que aseguran que el Gobierno "solo contempla que se cumpla la Constitución", que marca que la renovación se haga cada cinco años, algo que tocaría haber hecho en diciembre de 2018. Eso sí, confirman que los interlocutores destinados para la negociación -Esteban González Pons, por parte del PP, y Félix Bolaños, por parte del Gobierno- siguen conversando. 

"Las conversaciones siguen, sí", cuentan antes de recordar a renglón seguido que la no renovación puede suponer el colapso en ciertos estamentos judiciales. Sin ir más lejos, las jubilaciones que han ido llegando en este tiempo al Tribunal Supremo han hecho, por ejemplo, que a la Sala de lo Social, la encargada de resolver contenciosos laborales, le falten algunos magistrados y ya acumule miles de asuntos pendientes.

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El objetivo del 12-J parece descartado

Con todo, parece que el Gobierno puede ir olvidándose de su objetivo de renovar el CGPJ antes del 12 de junio. Es en esa fecha cuando toca una nueva renovación de otro importante organismo: el Tribunal Constitucional. Es por ello por lo que el Ejecutivo tiene prisa, porque en ese mes agotan su mandato cuatro de los doce magistrados y correspondería al Ejecutivo nombrar a dos y al CGPJ, otros dos. Esto supondría que el Constitucional pudiera tener una mayoría progresista. 

No obstante, si el CGPJ no puede hacer nombramientos discrecionales por la reforma legislativa que impulsó el propio PSOE -y que ahora se le ha vuelto en contra-, el Gobierno no podría hacer los suyos, ya que lo que la ley prevé es que la renovación de esos cuatro puestos se debe hacer a la vez. Es decir, el Ejecutivo no podría hacer su designación al margen del CGPJ. 

Las fuentes consultadas no confirman este extremo, pero sí admiten que sería difícil que ellos nombraran a los magistrados del TC sin el órgano de gobierno de los jueces. Aun así, abren la puerta a solicitar un informe jurídico que explore esa posibilidad.