Para 2026 no podrá haber ningún niño o niña de menos de seis años viviendo en un centro de menores tutelados. En 2031, todos los menores de 10 años deberán vivir en familias de acogida y, para ese mismo año, las comunidades autónomas tendrán que haber promovido la reducción de la prevalencia de centros grandes para que el número medio de plazas por centros sea de, como mucho, 15 personas.

Estas son algunas de las medidas fijadas en el 'Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia', que han aprobado este jueves el Ejecutivo y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial Extraordinaria conjunta de Igualdad, Infancia y Adolescencia. "Sigue habiendo acuerdo institucional en la lucha contra la violencia contra las mujeres y es relevante porque la explotación sexual que sufren las niñas y adolescentes en los centros de protección a la infancia es, desde luego, una forma de violencia contra las mujeres", celebró la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión. 

El Plan, que ha sido ratificado por unanimidad, desarrolla una serie de medidas a implantar a corto y medio largo plazo con el horizonte puesto en dos objetivos claros: erradicar la explotación sexual a niños y adolescentes del sistema de protección y hacerlo, sobre todo, fomentando la acogida familiar a los centros de protección de menores.

"Pretende ser una medida central para reducir un blanco en ocasiones demasiado fácil para aquellos que quiere explotarles y seguir reforzando los sistemas de protección y a los equipos de profesionales con el fin de darles una respuesta adecuada", subraya el documento al que ha tenido acceso 20minutos.

Formación de los profesionales y protocolos de actuación

Así, se desarrollan dos bloques de medidas a aplicar en los próximos años: unas a corto plazo, y otras a medio-largo plazo y que comprenden modificaciones más "estructurales" de todo el sistema de protección del país. Formar en prevención y detección de explotación sexual a los trabajadores de los casi 1.300 centros residenciales que hay en España es una de las acciones "inmediatas"". "Va a ser una formación que evidentemente financiará el Ministerio de Igualdad y además va a poder ser replicable, de tal modo que podrá extenderse a todos los profesionales que consideren las comunidades autónomas", detalló Rodríguez. 

También lo es la elaboración de un protocolo frente a posibles situaciones de violencia en los centros (teniendo muy en cuenta las necesidades concretas de los niños con alguna discapacidad y desde una perspectiva de género) o la elaboración de una guía común de actuación que defina las señales que pueden permitir detectar de forma temprana una posible situación de violencia.  

Ya de cara a la atención de los menores que han sido víctimas de este tipo de violencia, el documento prevé la creación -en este primer semestre de 2022- de "servicios especializados" en esta materia para que se encarguen de acompañar y asegurar su recuperación psicosocial. Además, para reforzar la colaboración entre instituciones se designará a una "persona responsable", tanto dentro de los ministerios competentes como en cada comunidad autónoma, para que supervise el correcto despliegue de todas y cada una de las medidas contempladas en el Plan. 

Desinstitucionalización de los menores tutelados

El hecho de que un alto porcentaje de niños sigan en acogimiento residencial ( y no familiar es, según se apunta en el documento, un factor de vulnerabilidad añadido (al género o la falta de atención psicológica) de los niños y adolescentes tutelados frente a la explotación sexual. Es por ello que lo planteado por el Gobierno y aprobado este jueves por todas las autonomías pasa por desinstitucionalizar a los menores en pro del acogimiento familiar. 

Para ello, hay una serie de metas muy marcadas en el documento. En primer lugar, que antes de 2026 ningún menor de seis años tutelado viva en un recurso residencial, y que para 2031 ese límite se eleve a los 10 años. En 2020, 1.177 niños y niñas menores de seis años fueron acogidos en centros, cifra que asciende a casi 2.000 si se tienen en cuanta a los de entre 7 y 10 años. 

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Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales se ha comprometido a elaborar un estudio sobre los "cuellos de botella" que impiden el "despegue" del acogimiento familiar. Además, se prevé impulsar una campaña estatal de sensibilización sobre este tipo de acogida.

También antes de 2031, según lo marcado en el plan contra la explotación sexual de menores tutelados, debería haberse reducido el número medio de plazas por centros hasta 15 y cerrando o transformando los centros de más de 30 plazas (actualmente el 17% de los centros tienen de 17 a 30 plazas).

Mejoras en la atención y en la información

En cuanto a la atención a la infancia, el plan define una serie de medidas de mejora que garantice la reparación psicológica del trauma y permita el tránsito hacia la vida autónoma de adulto. Para ello, contemplan formar a todos los profesionales en "trastorno del vínculo" y "polivictimización" antes de diciembre de 2023. Elaborar un sistema de monitoreo de la calidad de la transición a la vida adulta de los niños y adolescentes tutelados. Esto es, ver cuál es la proporción de jóvenes que logran alcanzar estudios superiores, que terminan en situación de sin hogarismo, etc. 

Se elaborará también otro protocolo de actuación ante la desaparición y fuga de los niños tutelados y se fomentarán intervenciones dirigidas a generar "redes afectivas sanas", como el "mentoring" entre iguales o los apadrinamientos. 

Por último, y destacando la ausencia de información y datos sobre la realidad de estos niños, la estrategia incide en la necesidad de mejorar los sistemas de información. "Al ser una realidad invisible es difícil determinar la magnitud del problema", señala, lo que a su ve dificulta también el diseño de intervenciones adecuadas. 

Así, se comprometen a poner en marcha un sistema de información unificado en el que se aglutinen datos como las notificaciones, casos confirmados de violencia o las medidas puestas en marcha; y a colaborar con el Ministerio de Interior para fortalecer la inclusión de menores víctimas de trata y explotación sexual.