Gobierno y comunidades autónomas se reunieron este viernes de forma extraordinaria para abordar cómo se impulsará el Plan de actuación contra la explotación sexual de menores tuteladas. En una primera toma de contacto en la que han estado presentes la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y el secretario de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se han debatido las medidas principales que se quieren poner en marcha, y que pasan por tres ejes fundamentales: la formación específica de los profesionales, la elaboración de una guía de actuación, y el desarrollo de un plan de inserción para las víctimas. 

"Es evidente que no podemos mirar hacia otro lado", aseveró Rodríguez en una comparecencia ante los medios tras el encuentro, al que también acudieron representantes de otros ministerios, como el del Interior, Justicia, Sanidad o Asuntos Exteriores. La de este viernes fue un primer acercamiento con la vista puesta en que, en el plazo de un mes, la Conferencia Sectorial pueda aprobar definitivamente un plan de choque que contenga medidas específicas contra las violencias sexuales y, de manera particular, contra la explotación sexual. 

Tres ejes para hacer frente a la explotación

Una de las medidas que se desarrollaron con las comunidades autónomas de manera "preliminar" es el refuerzo de la formación de los profesionales que trabajan con los menores y las menores en los centros. "Evidentemente, ya la tienen, pero está claro que también tiene que haber una formación específica en lo que tiene que ver con la detección precoz de la explotación sexual y cualquier forma de violencia contra las mujeres", detalló la secretaria de Estado de Igualdad. El programa correrá a cargo del Ministerio de Igualdad, según avanzó, y se ocupará de poner en marcha esta formación para todos los profesionales del sistema de protección a la infancia. "Creemos que ponernos las gafas moradas va a ayudar a detectar mejor cuáles son estas víctimas o cuáles son los contextos que permiten que se produzca esa violencia", aseguró Rodríguez. 

En segundo lugar, la propuesta del Gobierno sugiere desarrollar una "guía de actuaciones concretas" para establecer cómo se ha de actuar ante una situación de este tipo. Será un protocolo mucho más enfocado desde el punto de vista de la violencia machista, y con instrucciones "más claras" de cómo ha de derivarse a las víctimas, a qué recurso tienen que acudir esas niñas y adolescentes, y cómo se les puede ayudar para salir de esa situación de violencia y que empiecen el proceso de recuperación e inserción. 

El último punto aborda los recursos con los que se cuenta para poder derivar a las víctimas. En ese sentido, explicó Rodríguez, el departamento de Irene Montero pondrá en marcha un plan de inserción social y laboral -ya anunciado para las mujeres en contextos de prostitución, explotación sexual y trata- que tendrá una parte específica dedicada al trabajo con las niñas y las adolescentes. "Creemos que estas son unas medidas como punto de partida que tienen que fortalecer la cooperación", destacó Rodríguez, haciendo hincapié en la importancia de la "colaboración interinstitucional" para hacer frente a esta lacra. 

Estrategia de desinstitucionalización para fomentar la acogida

En esa línea, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, recalcó que la explotación sexual de menores tuteladas se trata de un "problema común", que afecta a todas las comunidades y que, por tanto, debe ser "abordado" y "tratado" mediante este plan de acción. Lo que propone su ministerio es hacerlo también potenciando el sistema de acogida de menores en España. "Vamos a destinar más de 200 millones de euros a una estrategia que pensamos que es fundamental en el corto y medio plazo, que es la de avanzar hacia un sistema en donde se prime la acogida familiar de los menores", explicó. El fin último, según detalló es que se reduzca al "mínimo" el número de menores que resida en centros residenciales.

Todavía no han detallado qué presupuesto concreto se destinará a todo el plan en su conjunto, pero Álvarez ya destacó que es "fundamental" desarrollar inversiones. "Se van a ejecutar en los próximos meses, en la dirección de impulsar una estrategia de desinstitucionalización en el caso de los servicios sociales de atención a la infancia", reiteró, asegurando que se ha demostrado que la acogida familiar es un instrumento "enormemente" valioso "para velar por el interés superior del menor y para evitar esta situación de vulnerabilidad que en ocasiones concurre en los centros residenciales". 

"Perseguir la industria proxeneta"

La secretaria de Estado también quiso recordar que no se puede luchar contra la explotación sexual "sin perseguir la industria proxeneta" que, según denunció, "hasta ahora ha actuado con total impunidad". "Para poder hacernos cargo de cuáles son las estrategias criminales que se utilizan para captar a esas niñas y adolescentes que terminan siendo explotadas sexualmente es imprescindible que nos dotemos con las herramientas adecuadas", señaló Rodríguez. 

Para ello, añadió, es crucial la aprobación de la ley de libertad sexual -comúnmente conocida como ley del 'solo sí es sí', actualmente en tramitación parlamentaria. En la futura norma se recupera la tercería locativa, que penaliza también a quienes faciliten un inmueble o cualquier espacio en el que se esté sacando provecho de la explotación sexual. "Es evidente que necesitamos que se apruebe cuanto antes y esperamos para ello contar con todos los partidos políticos que coincidirán en que todo lo que está pasando con las menores explotadas es de una extrema gravedad", concluyó.