La polémica del espionaje a 66 dirigentes independentistas a través del sistema Pegasus ha desempolvado la reunión de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, comúnmente conocida como Comisión de Secretos Oficiales y que, salvo sorpresa mayúscula, se reunirá próximamente tras tres años sin celebrarse debido a los vetos cruzados entre varios grupos parlamentarios a la hora de votar su composición.

Para activar de nuevo el órgano del Congreso de los Diputados, este martes, Meritxell Batet, la presidenta de la Cámara Baja y, por ende, presidenta de la Comisión de Secretos Oficiales, ha anunciado un cambio en su sistema de elección a fin de que sus miembros solo requieran de la mayoría absoluta de la Cámara para ser elegidos y no la mayoría de tres quintos, como sucedía hasta ahora. Así, la comisión podrá volver a ponerse en marcha y contará con la presencia de ERC y EH Bildu, los principales perjudicados del espionaje entre 2017 y 2020.

Dicho esto, estas son las principales claves que debes conocer sobre la Comisión de Secretos Oficiales: 

Información general: origen y comparecientes

Esta comisión nació en 1995 mediante la ley 11/1995, que regula la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados en los Presupuestos Generales del Estado. Años más tarde, en 2002, la Ley 11/2002 -reguladora del CNI- extendió sus competencias a toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles.

Además de vigilar las actividades del CNI, ante la comisión, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados (Defensa, Interior y Exteriores) deben informar "semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios", en sesiones secretas. Tanto es así, que la legislación contempla que el órgano "podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".

¿Cómo se eligen a sus miembros? 

De acuerdo con la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales, de la comisión solo pueden formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. 

Hasta la fecha, para la elección de dicho diputado se necesitaba una mayoría de tres quintos del Congreso de lo Diputados, es decir, 210 diputados a favor de la elección. Tras la maniobra que ha efectuado la presidenta de la Cámara Baja, Batet, los miembros podrán ser elegidos por mayoría absoluta, lo que abre la puerta a representantes de ERC y Bildu, gracias a los votos favorables de PSOE y Unidas Podemos y en contra de la voluntad del bloque de las derechas, PP y Vox, que querían vetar a ambos grupos parlamentarios.

Una comisión acostumbrada a los vetos

Los vetos en la Comisión de Secretos oficiales no son nuevos en el pleno del Congreso. Allá por 2012, el PP ya vetó a los diputados de ERC Alfred Bosch y Joan Tardà en sendas votaciones e hizo lo propio con la coalición política abertzale Amaiur. Como en esta ocasión, los populares bloquearon la participación de los republicanos catalanes por su condición de independentistas. 

¿Son secretas sus conclusiones?

Sí, las sesiones de la Comisión son secretas y sus miembros están obligados por ley a no divulgar ningún tipo de información procedente del foro. Los miembros pueden acceder a la documentación catalogada como secreta o reservada, ya sea los originales o copias, pero solo para examinarla o tomar notas, nunca para hacer copias.

Otros asuntos pendientes 

De la última reunión a esta parte, se han acumulado multitud de cuestiones acerca del Gobierno actual de Pedro Sánchez que la oposición exige esclarecer en la Comisión de Secretos Oficiales. Figuran en la lista de tareas pendientes, por ejemplo, los viajes en Falcon del presidente del Gobierno -ya que desde Moncloa apelan a razones de seguridad para no dar detalle de los desplazamientos sobre los que ha preguntado la oposición- o la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el año pasado para ser tratado de coronavirus. Con anterioridad, también todavía no se han despejado muchas incógnitas sobre el supuesto uso de fondos públicos para el operativo ilegal de espionaje a Luis Bárcenas conocido como la operación Kitchen o la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona.