Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño no podrán salir del país hasta nueva orden. El juez Adolfo Carretero ha entendido que existe riesgo de fuga o manipulación de pruebas, tal y como han argumentado las partes personadas. Tras escuchar las versiones de ambos acusados, PSOE, Podemos y Más Madrid han pedido al magistrado que retire los pasaportes y prohíba su salida de España. Y para cerciorarse de que cumplen, también, exigen las comparecencias cada 15 días y de manera presencial de quienes se cobraron seis millones de euros de unos contratos de material sanitario durante el periodo más duro de la pandemia.

El juez ha aceptado estas peticiones tras escuchar, por primera vez, a Medina y Luceño -que solo han respondido a sus preguntas, declinando las de la Fiscalía y las partes-. El resto de las partes, no han pedido ninguna de estas medidas. Es decir, ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento ni la empresa Funeraria de Madrid a la que habrían estafado.

El auto detalla que los delitos por los que se les investigan llevan "aparejadas penas de 23 años de prisión", que supone "la posibilidad de riesgo de fuga" pese a que tengan "arraigo" y quieran "colaborar" con la Justicia. También advierte de la posibilidad de que quieran salir del territorio nacional para "manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la Justicia española es nula".

Para el juez, los empresarios vendieron material sanitario al Consistorio matritense por 11.914.330 euros "ocultando con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento, que los precios se habían elevado en un 60% en el caso de las mascarillas, un 81% en el caso de los guantes y un 71% en el caso de los test, debido a las comisiones que habían pactado los investigados con la empresa Leno". Los tres contratos constituyen un "negocio jurídico criminalizado o estafa agravada" del artículo 248-1 del Código Penal, que lleva aparejada una pena de "hasta ocho años de prisión".

Además de la estafa agravada, les acusa de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Luceño también está siendo investigado por posible alzamiento de bienes.

La versión de Alberto Luceño

Alberto Luceño llegaba a Plaza Castilla a las 9.50 horas. No tenía que declarar hasta las 12.30, pero quiso capear las cámaras. De algún modo lo consiguió. Unos pocos medios le esperaban con tanta antelación. ¿Cómo afronta el día? ¿Declarará? Eran algunas preguntas que trataron de arrancar al empresario que cobró 5 millones de comisiones por material sanitario en el periodo más crítico de la pandemia.

Luceño se resistió y entró en los juzgados. Pero no como el resto de ciudadanos citados en el día de hoy. El comisionista se saltó toda la fila para entrar -dos horas antes de su cita- a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla... por los que salió por la puerta de atrás para sortear, de nuevo, a la prensa.

El comisionista ha respondido a todas las preguntas del juez, pero se ha negado a hacerlo a petición de las partes. El que se presentó a los técnicos municipales como "agente exclusivo" de la empresa Leno ha asegurado su intención "era parte, ayudar al Ayuntamiento y, por supuesto, cobrar" su parte del trabajo. Y es que "antes de este negocio con el Ayuntamiento, obtenía entre 3.000 y 7.000 euros al mes". En este caso, admite que se llevó el 47% "que en nuestro trabajo es un porcentaje normal"

Luceño ha explicado ante el juez, que él actuó de "agente" mientras su socio Medina era "un facilitador". Y que ninguno de los dos sabían lo que iban a cobrar de comisión cuando iniciaron el contacto. "No sabíamos lo que íbamos a cobrar hasta que se cierra la operación". Una operación a la que le puso precio San Ching Chong, según Luceño. El mayor comisionista de la operación también ha defendido que nunca engañó a su socio Medina, quien había declarado ante la Fiscalía que tras la operación, Luceño no le cogía el teléfono y que ya entendía el porqué. Luceño insiste: "Yo no engañé a Medina", ha dicho ante el juez.

La versión de Luis Medina

Luis Medina llegó pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. La entrada de Medina, a diferencia de la de su socio, fue una jungla. El hijo de Naty Abascal y duque de Feria entró en silencio. Si su entrada fue mediática, aún más lo fue la salida. Luis Medina logró escapar de la masa de periodistas que llevaban tiempo preparándole el paseillo. El empresario huyó por la puerta de atrás, casi a la carrera, para refugiarse en un taxi. 

El hijo de Naty Abascal se ha presentado al juez como "broker" de materias primas. Ha explicado que conoció a Luceño en 2018. Ya en pandemia, Luceño le dice que tenía proovedores de materias en China a lo que le responde que él buscaba gente a la que le pudiera interesar: "Se nos ocurrió a los dos", dice ante el juez.

De nuevo, Medina ha relatado cómo se puso en contacto con Cibeles. "El contacto con el Ayuntamiento lo tenía yo, no Luceño". Acorde a la versión que ha dado este lunes, para acceder a la Administración local pidió a la directora de una universidad con la que guarda buena relación, el contacto de un familiar de Almeida. "Llamé a Carlos Martínez-Almeida y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto en el Ayuntamiento". El primo le dio el mail, que cree que fue el de Elena Collado, la responsable de compras. Se puso en contacto con ella, también por teléfono, para hablarle de la posibilidad de suministrarle productos sanitarios. "Luego habló con Luceño; no he visto a Collado en mi vida". 

Asimismo, Medina ha dicho hoy que no se siente engañado por su socio, porque no pactaron las comisiones. Una versión que matiza de la que dio ante la Fiscalía, cuando reconoció que Luceño no le cogía el teléfono y ahora entendía el porqué. Por último, según fuentes jurídicas, Medina ha dicho que no tiene dinero en el extranjero. Tampoco tiene intención de defraudar nada y que está haciendo todo lo posible para evitar el alzamiento de bienes. Eso sí, asegura que la Fiscalía no le advirtió que si disponía de los bonos tras declarar ya era un delito.