La presión de los socios parlamentarios del Gobierno para que ofrezca explicaciones por el espionaje a más de 60 políticos independentistas catalanes -y algunos vascos- es cada vez mayor. Este jueves, en un gesto prácticamente inédito, el president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, acudió al Congreso de los Diputados para reunirse con todos los grupos con diputados cuyos móviles habrían sido intervenidos. Y, tras ese encuentro, insistió en que la confianza de ERC en el Ejecutivo ahora mismo es "cero" y no quiso responder a la pregunta de si los republicanos apoyarán la semana que viene la convalidación del decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Está previsto que, el próximo jueves, el Congreso debata y vote ese plan de choque que aprobó el Gobierno hace unas semanas y que incluye medidas como la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina para todos los usuarios o la limitación de las subidas anuales de los alquileres al 2% durante los próximos meses. Entre las dudas de la posición que adoptará el PP y el más que previsible rechazo Vox al decreto, el voto de ERC es fundamental para que el plan de choque sea convalidado y siga en vigor, por lo que un eventual rechazo de los republicanos pondría en peligro todo el paquete de medidas estrella del Gobierno para hacer frente a la crisis económica provocada por la guerra.

Las razones que esgrime Aragonès para incrementar de esta manera la presión al Ejecutivo son claras: en la relación entre dos socios parlamentarios, dijo, "es necesario tener una confianza a preservar, y en estos momentos es cero" porque "si has sido espiado, no puede haberla". "Es imprescindible que se restaure el juego limpio", dado que, si no existe "esta mínima confianza en que no eres espiado", es "imposible que pueda continuar la colaboración política", denunció el president de la Generalitat y coordinador de ERC. 

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Aragonès pidió expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome cartas en el asunto para aclarar este supuesto espionaje a varias decenas de políticos independentistas y personas de su entorno. "El solo paso del tiempo no va a ser la fórmula que el presidente o el Gobierno puedan tomar", advirtió, antes de exigir explicaciones "claras, concretas e inmediatas" y de asegurar que, además, deben ser rápidas si el Ejecutivo pretende mantener la estabilidad parlamentaria. "La pelota está en el tejado del Gobierno" y no se puede "eternizar" a la hora de actuar, zanjó.

"No puedes pretender que todo continúe igual. A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno, también el Govern de la Generalitat y los partidos políticos [independentistas] van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura", amenazó Aragonès, que insistió en que el problema del espionaje va más allá del independentismo. "Si hoy se ha intervenido mi móvil, mañana puede ser intervenido el de cualquier dirigente electo, el de cualquier responsable gubernamental", espetó el president catalán, que sostuvo que "por defender la independencia de Cataluña" los dirigentes espiados no tienen "menos derechos que cualquier otro ciudadano".

Presión desde Junts y la CUP

La posición tan dura que ha adoptado ERC se debe a un convencimiento real de la gravedad de los pinchazos telefónicos, pero también a la presión que el alma más radical del independentismo catalán está ejerciendo sobre los republicanos. Este mismo jueves, de hecho, tanto JxCAT como la CUP se mostraron extremadamente duros con el Gobierno, y la formación anticapitalista exigió a ERC que rompa relaciones con el Ejecutivo si Sánchez no ofrece explicaciones que a los nacionalistas les resulten convincentes.

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Míriam Nogueras, portavoz de JxCAT en el Congreso, calificó las escuchas como "persecución ideológica" y dio por hecho que se han realizado sin el permiso judicial, algo de lo que aún no se tiene información. Nogueras aseguró no tener ninguna "confianza en el Gobierno y en el Estado", al que tachó de "podrido", y señaló directamente a PSOE y Unidas Podemos como partidos que componen el Gobierno para exigirles aclaraciones. "Deben decidir cómo afrontan esta enorme crisis: o dan explicaciones o son cómplices", espetó la líder de JxCAT, que sin embargo señaló que su grupo aún no ha decidido su posición en la convalidación del decreto del plan de choque que se debatirá la semana que viene.

Por su parte, la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, dijo a las claras que, hasta que no se ofrezcan aclaraciones, "las relaciones" de los partidos independentistas "no pueden seguir igual con el PSOE". "En el caso particular de Cataluña y su mesa de diálogo, ERC no puede seguir actuando con normalidad", concretó Vehí, que insistió en que "el independentismo, en toda su pluralidad, ha sido espiado y vigilado", y por lo tanto no sería comprensible que ERC siguiera manteniendo "la misma" línea de colaboración con el Gobierno.

El PDeCAT, que también se reunió este jueves con Aragonès, aseguró por su parte que las "gravísimas" revelaciones de estos días no van a pasar "como si nada, como si fueran un calentón de primavera". "Si el parlamento no se digna a abrir una comisión de investigación entenderemos que el Estado español quiere tapar y esconder todo este caso", espetó su portavoz, Ferran Bel, mientras su homólogo del PNV, Aitor Esteban, mostró su apoyo a esta comisión de investigación y se dijo "profundamente preocupado" porque "nadie", incluido él, "tiene certeza de no ser espiado por los servicios de inteligencia".

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Pese a que ninguno de los dirigentes supuestamente espiados forma parte de Unidas Podemos, el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, y el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, también se reunieron este jueves con Aragonès. Tras el encuentro, Echenique aseguró que estas escuchas, de haberse producido, son "incompatibles con la democracia" y se dijo "más preocupado que antes si cabe" por el "escándalo". No obstante, tanto él como Asens se mostraron convencidos de que los pinchazos telefónicos suponen una "herencia" de la etapa de Gobierno del PP, y por ello trasladaron al president catalán que "la voluntad de diálogo tiene que estar por encima de cualquier plan oculto de las cloacas del Estado".

Y es que esa es, precisamente, la teoría que maneja Unidas Podemos: que el espionaje a políticos independentistas no se ha producido por orden del Ejecutivo, sino que habría sido obra de elementos descontrolados en las fuerzas de seguridad e inteligencia. De ahí que los morados exigieran al PSOE "contundencia" para investigar si hay una "policía patriótica" que sigue activa en las estructuras del Estado y, en su caso, para que "rueden cabezas" si eso fuera así.