El informe que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley trans plantea "dudas" respecto a la redacción de la norma del Ministerio de Igualdad, al considerar que sería más adecuado que la protección del colectivo LGTBI se llevase a cabo reformando las normas que ya existen. Sostiene que la ley -que lleva en los despachos del CGPJ desde hace nueve meses y cuyo dictamen tendría que haberse emitido en enero- tiene aspectos que "contradicen" el derecho a la igualdad y ve "puntos oscuros" y "ciertas disfunciones" con respecto al cambio de sexo en el Registro Civil. 

Estas son algunas de las conclusiones plasmadas en el borrador del informe sobre la ley trans que presentarán los ponentes Ángela Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea en el Pleno del CGPJ este 20 de abril. El texto, que fue repartido a principio de mes al resto de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, recibirá sus aportaciones en los próximos días para consensuar el informe preceptivo definitivo, que por ahora se mantiene bastante crítico respecto a los puntos claves de la norma, aunque no es vinculante.

En primer lugar, los ponentes creen innecesario que para proteger los derechos del colectivo LGTBI se tenga que impulsar una ley específica. De hecho, consideran que esta puede llegar a "solaparse" con otras normas vigentes y conducir a una "excesiva automatización del ordenamiento jurídico" al dotar a los miembros del colectivo de un "régimen privilegiado de protección". 

En esa línea, indican que el anteproyecto de ley, que superó la primera vuelta en el Consejo de Ministros en junio, contiene puntos que incluso "contradicen el derecho fundamental en la igualdad", ya que consideran que puede propiciar situaciones de "discriminación positiva" especialmente entre "las mujeres no transexuales". 

Extender las condiciones hasta los 16 años

Otro punto para el que han planteado modificaciones es el que atañe al cambio de sexo en el Registro Civil. Esto es, a la autodeterminación de género, que es precisamente el concepto sobre el que pivota el grueso de la ley y el que más discrepancias despertó en las negociaciones entre los socios de Gobierno. 

Tal y como está ahora redactado el anteproyecto, pueden cambiar de sexo en el registro todas las personas mayores de 12 años (con consentimiento paterno) y a partir de los 16 años sin limitaciones. Entre 12 y 14 años, se establece que sea necesaria demostrar una "madurez necesaria" y una "estabilidad en la situación de transexualidad". Lo que propone el CGPJ es que esas condiciones se extiendan hasta los 16 años, pues considera que, de lo contrario, no se está cumpliendo con el principio de "especial protección de los menores de edad". 

"Aspectos oscuros" en el cambio registral de sexo

Además, los ponentes señalan que toda la regulación sobre el cambio registral del sexo presenta "aspectos oscuros y ciertas disfunciones" y hacen especial hincapié en ámbitos como la violencia de género o las competiciones deportivas. Por ello, sugieren al ministerio dirigido por Irene Montero que desarrolle una redacción "más clara y precisa" en estos temas concretos. 

Así, defienden que deben realizarse los cambios pertinentes para que el cambio de sexo del hombre "no altere" el régimen de protección que ampara a las víctimas de violencia de género, "ni permita eludirlo". Es decir, que a un hombre que haya sido condenado por violencia machista o tenga una orden de alejamiento no se le levante la pena al ejercer su derecho al cambio registral. Piden, por tanto, que quede más claro el régimen jurídico aplicable a la persona que cambia de sexo, tanto si es hombre como si es mujer. 

Tampoco creen que quede del todo explícitas, según destaca el borrador del informe, las consecuencias derivadas de los derechos que se obtienen al cambiar de sexo. "Consecuencias que, paradójicamente, pueden conducir a situaciones de discriminación de las mujeres y, por tanto, contrarias a la igualdad", asevera el texto, poniendo como ejemplo las competiciones deportivas o las pruebas físicas exigidas para determinadas profesiones, cuando se ha transitado del género masculino al femenino. 

De este modo, sugieren introducir "las cautelas necesarias" para evitar que en el deporte pueda producirse cualquier discriminación, "atendida la realidad de la diferencia de las condiciones físicas existentes y de la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es". 

Visto bueno a la prohibición de las terapias de conversión

Los ponentes se han pronunciado también sobre otra de las novedades de la ley, que pretende prohibir cualquier terapia de conversión. Pero dan una de cal y otra de arena. Pese a que lo califican de una medida "especialmente favorable", advierten de que la prohibición puede afectar a aquellas situaciones "en las que se cuenta con el consentimiento del afectado". Así, consideran "necesario" que se "justifique debidamente" esa "privación", en particular de los mayores de edad. 

Igual de prudentes se manifiestan sobre las condiciones para revertir el cambio de sexo en el registro. El texto actual contempla que no haya ningún límite para hacerlo y que el único requisito será que hayan pasado seis meses desde la inscripción. En la propuesta de informe, los ponentes señalan que esa reversión debería ser "absolutamente excepcional", indicando concretamente los casos en los que se permitiría hacerlo. Además, no les vale con que únicamente se tenga en cuenta la voluntad del afectado, sino que creen que opinan que debería hacerse "siempre" bajo la decisión judicial y "nunca de forma incondicionada ni limitada".

Sin sorpresa desde el Ministerio de Igualdad

En el Ministerio de Igualdad no sorprende la postura crítica del órgano judicial. Como ya vienen denunciando en los últimos meses, el informe tendría que haberse emitido en el mes de enero, y recuerdan ahora que el dictamen se ha ido retrasando durante casi cuatro meses, "incumpliendo su propia ley".

Irene Montero: "Las leyes feministas siempre se han encontrado con trabas, pero luego nadie las cuestiona"

"Todo apunta a que el informe irá encaminado a lo que ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario, donde compararon una boda gay con una boda entre un hombre y un animal. Lo raro sería que el CGPJ avalara una ley que avanza en derechos humanos y derechos LGTBI", declaran a 20minutos fuentes del departamento de Irene Montero, señalando los obstáculos que en su momento se encontraron otras leyes como la de violencia de género, la de igualdad o la del aborto.