Las cinco claves para entender la ley trans que bloquea el PSOE: el obstáculo mayor... la autodeterminación de género

La ministra de Igualdad, Irene Montero, este martes.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, comparece en el Congreso.
EFE
La ministra de Igualdad, Irene Montero, comparece en el Congreso.
EFE / ATLAS

La abstención del PSOE este martes fue clave para que no comenzase a tramitarse en el Congreso la proposición de ley trans, un texto promovido por ERC, JxCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias y la CUP en base al proyecto elaborado por el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero. Unidas Podemos, que votó a favor de tramitar la norma, lleva meses intentando sortear el bloqueo de la parte socialista del Gobierno que, liderada por Carmen Calvo, ha impedido que el Ejecutivo lleve a la Cámara Baja su proyecto de ley trans.

Estas son las claves de la polémica norma diseñada por Igualdad que ha abierto un cisma entre PSOE y Unidas Podemos:

Autodeterminación de género

Es el principal punto de disenso y el que provoca, en mayor medida, las resistencias de Calvo y una parte del feminismo a la ley trans. Unidas Podemos y, por extensión, Igualdad, apuestan por que la ley permita el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona con su declaración expresa y "sin la necesidad de prueba psicológica y médica", y así lo quieren también los principales aliados parlamentarios del Gobierno, tanto los que presentaron la propuesta que se debatió este martes como formaciones como el PNV, EH Bildu o Cs.

No obstante, el PSOE rechaza este extremo. Los socialistas consideran que, para evitar usos fraudulentos de la norma, las personas trans deben aportar ciertas pruebas de que lo son de manera estable para cambiar legalmente su identidad de género, y afirman que elegir "el género sin más que la mera voluntad o el deseo" pone "en riesgo los criterios de identidad del resto de españoles", en palabras de la propia Calvo.

Autorización paterna

En la propuesta que se debatió este martes se establece que el cambio registral del sexo podría solicitarse por parte de cualquier persona mayor de 16 años. No obstante, se contempla la posibilidad de hacer esta modificación desde los 12 años, si bien los menores que tengan entre esa edad y los 16 años necesitarán el consentimiento paterno para efectuar la solicitud. En el caso de los menores de 12 años, tendrían que ser los padres quienes pidieran el cambio con la "conformidad expresa" del menor.

Reconocimiento del género no binario

El texto también contemplaba el reconocimiento del género no binario, es decir, la identidad de quienes no se autoperciben ni como hombre ni como mujer. "La mención de sexo registral podrá ser elegida entre una de las cuatro opciones: hombre, mujer, no binaria o se podrá dejar en blanco", señalaba la proposición, que planteaba que "el Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para que los documentos oficiales de identificación recojan las opciones de hombre o mujer, persona no binaria y puedan omitir, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo".

Regulación de las pruebas médicas

El texto debatido y rechazado este martes establecía que "ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodefinición de la identidad de género". Asimismo, quedaba expresamente prohibido "el uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la identidad de género, o que estén basados en la suposición de que cualquier identidad de género es consecuencia de enfermedad o trastorno".

Lucha contra la discriminación laboral

Habida cuenta de que el colectivo trans sufre una tasa de desempleo de más del 80%, la proposición de ley debatida este martes incluía un apartado de medidas laborales. Entre ellas estaba la reserva de un cupo para personas trans en las ofertas de empleo público, así como la puesta en marcha de incentivos para la contratación de personas transen el sector privado similares a los ya existentes para la contratación de víctimas de violencia de género.

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