Barcelona y Generalitat anuncian una batería de recursos contra la sentencia que tumba la Zona de Bajas Emisiones

  • Los otros cuatro ayuntamientos aún no han recibido la sentencia, por lo que deberán esperar a recurrir. 
  • Renuncian a redactar otra ZBE y se abren a mejorar la normativa existente, que recuerdan, "sigue vigente". 
Señal de la Zona de Bajas Emisiones instalada en la salida 23 de la Ronda Litoral de Barcelona.
Señal de la Zona de Bajas Emisiones instalada en la salida 23 de la Ronda Litoral de Barcelona.
ACN
Señal de la Zona de Bajas Emisiones instalada en la salida 23 de la Ronda Litoral de Barcelona.

Todos a una. Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y los otros cuatro consistorios que forman parte de los 95 kilómetros cuadrados de Zona de Bajas Emisiones Rondas Barcelona (ZBE) presentarán una batería de recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anuló el lunes pasado esta medida para luchar contra la contaminación atmosférica provocada por los vehículos sin etiqueta ambiental, y que en sus dos primeros años en vigor ha conseguido reducir en un 11% las emisiones de dióxido de nitrógeno y ha expulsado a más de 600.000 vehículos sin etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha anunciado este miércoles tras la reunión de todas las administraciones implicadas en este fallo judicial, y que se pospuso del pasado martes a esta mañana, dicha cascada de recursos, que comenzará por los que presenten el consistorio barcelonés por un lado y la Generalitat por el otro, que son los aludidos por el fallo judicial. 

Ambos recursos serán "muy similares", ha explicado Sanz. Posteriormente, y a medida que las otras cuatro localidades metropolitanas vayan recibiendo las respectivas sentencias judiciales que les competen, procederán a presentar sus propios recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Estas son Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat. Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat. Sant Cugat del Vallès también cuenta con una zona de bajas emisiones pero esta no está comprendida dentro del ámbito geográfico de las Rondas de Barcelona. 

Las administraciones catalanas "descartan" redactar otra normativa de ZBE que no sea anulada judicialmente (como optó el Ayuntamiento de Madrid cuando los juzgados tumbaron su proyecto inicial de Madrid Central) y por ello defienden la ZBE vigente desde los recursos de casación que interpongan sus equipos jurídicos, un trámite para el que Generalitat y Ayuntamiento disponen de un plazo de 30 días a contar desde el pasado lunes. 

"Habrá una respuesta unitaria a la sentencia de todas las administraciones y con el mismo consenso de tirar adelante la actual ZBE. La vamos a defender tal y como la aprobamos porque es un instrumento para garantizar el derecho a la salud de los vecinos", ha declarado Sanz, que ha insistido (tal y como ya hizo el regidor de Emergencia Climática, Eloi Badia, el pasado lunes) en que la ZBE sigue "vigente" y los vehículos sin etiqueta ambiental que circulen por la ciudad de lunes a viernes de 7 a  20 horas "seguirán siendo multados" como hasta ahora. "La ZBE es necesaria, urgente y vigente", ha remarcado la teniente de alcalde. 

Sanz ha defendido una ordenanza avalada por el Gobierno y por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, y con la que "se ha salvado una sanción europea de 1.600 millones de euros". 

La sentencia del TSJC no es firme ya que cabe recurso ante la misma. Los denunciantes pueden pedir su ejecución "antes de que sea firme", pero Sanz ha recordado que "se tendrá que valorar judicialmente si se puede generar un daño irreparable", lo que, desde la perspectiva municipal, lo sería "al derecho fundamental a la salud". 

La tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha reafirmado la intención de las administraciones catalanas de "seguir implementando la ZBE, no solo en Barcelona sino en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes", desde el "máximo respeto a las decisiones judiciales".

Por su parte, el director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Marc Sangles, ha declarado que "ninguna sentencia nos hará cesar en nuestra voluntad" en pro de la calidad del aire y que, bajo esta premisa, seguirán trabajando "por el derecho a la salud". 

Sobre la sentencia, ha valorado que esta va "en algunos puntos en contra de lo que nos marcan modelos europeos de éxito" de ZBE y se ha mostrado preocupado respecto a que la justicia "limite la capacidad de los entes locales para hacer política en esta dirección". 

También ha expresado la preocupación de algunos ayuntamientos catalanes que están preparando sus respectivas zonas de bajas emisiones. En los próximos días, se convocará la Taula per la Qualitat de l'Aire, en la que se analizará la situación que ha generado la sentencia con las administraciones locales. 

En la reunión de este miércoles por la mañana ha participado, en representación del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que no puede presentar recurso por sí misma, el director del Área de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Joan Maria Bigas.

Las "lagunas" de la sentencia 

Sanz ha remarcado las lagunas que, a su juicio, tiene una sentencia "con rasgos ideológicos, que obvia la legislación vigente, y que no tiene en cuenta la base legal existente", como la norma estatal aprobada que obliga a hacer la ZBE. 

"La primera parte de la sentencia habla de que se podrían haber planteado alternativas, como incrementar el aparcamiento, sin entrar a analizar si lo hemos hecho o no. Vemos incoherencias que no son habituales en sentencias que analizan la legislación vigente", ha opinado la edil municipal. 

Ha lamentado, asimismo, que el fallo tampoco haga referencia a "la T-Verda que da acceso a tres años de transporte público gratis para aquellos ciudadanos que desguacen su vehículo. Falta mucha reflexión jurídica".

Abiertos a mejoras de la actual ordenanza 

El regidor Badia ha añadido otro apunte para desmontar la argumentación legal del TSJC, que asegura en la sentencia que la ZBE afecta a las personas con menos recursos económicos y que no pueden permitirse adquirir un vehículo menos contaminante. "El texto omite que en Barcelona, la gente con menos recursos no suele tener coche, y utilizan el transporte público u otros medios de transporte sostenibles. Por lo que la ZBE protege a la gente con menos recursos en un tema tan importante como el de la contaminación del aire". 

Sobre el recurso de casación que presentará el Ayuntamiento, Badia ha confirmado que "se harán informes más completos y se explicarán mejor", con el fin de poder salvar la actual ZBE. 

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