El expresidente catalán Quim Torra se sienta el próximo jueves en el banquillo por segunda vez, acusado de desobedecer una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que retirara de la sede de la Generalitat un lazo amarillo, símbolo de apoyo a los políticos presos que ya le costó el cargo en 2020.
Si en noviembre de 2019 fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que juzgó a Torra por desobediencia -lo que le convertía en el primer president en activo que se sentaba en el banquillo-, mañana lo hará una magistrada de un juzgado de lo penal de Barcelona, órgano competente para enjuiciar ese tipo de delitos menores, una vez perdió su condición de aforado.
Ante el juzgado de lo penal número 6, con sede en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Torra deberá responder de su decisión de no acatar el ultimátum que el TSJC le dio el 23 de septiembre de 2019 para que retirara del Palau una pancarta con un lazo amarillo que pedía la libertad de los "presos políticos y exiliados".
TSJC instaba a Torra a descolgar la pancarta del Palau, de forma permanente y no solo en período electoral, con el fin de preservar la "neutralidad" del edificio, a raíz de una demanda presentada por la plataforma Impulso Ciudadano, vinculada a un exdirigente de Cs.
Por ello, la Fiscalía le pide ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, la misma condena que solicitó para él cuando en noviembre de 2019 fue juzgado también por desobediencia por no cumplir, dentro del plazo establecido, con la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara lazos y pancartas a favor de los políticos presos de los edificios públicos en la campaña del 28 de abril de 2019.
A raíz de ese primer juicio, Torra fue condenado a año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia, en una sentencia que el Supremo confirmó después y que, el 28 de septiembre de 2020, acabó por desalojarle del Palau de la Generalitat, lo que precipitó las elecciones catalanas que hicieron president al republicano Pere Aragonès.
Este segundo juicio por desobediencia deriva de las medidas cautelares que solicitó Impulso Ciudadano al TSJC el 19 de septiembre de 2019 para que ordenara retirar el símbolo de apoyo a los políticos presos del Palau de la Generalitat en un plazo de 48 horas.
Según mantiene la Fiscalía en su escrito, el expresident no atendió este requerimiento judicial en el plazo indicado, de manera que el alto tribunal catalán emitió el 23 de septiembre una nueva resolución con una "orden clara y ejecutiva", que Torra tampoco cumplió.
Finalmente, a primera hora de la tarde del 27 de septiembre agentes de los Mossos d'Esquadra retiraron la pancarta a favor de los líderes independentistas en prisión del Palau de la Generalitat, a instancias del TSJC.
En su escrito de acusación, el ministerio público denuncia el "patente incumplimiento desafiante" y "contumaz" del acusado a las resoluciones judiciales que "contenían las órdenes claras para las que había sido personalmente requerido".
El fiscal sostiene además que, pese a la "claridad" del requerimiento judicial, el expresident comunicó el día 20 de ese mes en una nota de prensa, "de manera ostentosa y desafiante", su intención de "no atender ninguna orden que se le pudiera dar al respecto".
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