El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo del expresident de la Generalitat de Cataluña Quim Torra, condenado a un año y medio de inhabilitación por desoír la orden de retirar unas pancartas de apoyo a los presos del "procés" de edificios públicos en la campaña electoral del 28-A.

El TC confirma así la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue avalada por el Supremo, por un delito de desobediencia ante "la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad", según dijo el TSJC, que liquidó la condena por cumplimiento el pasado 3 de enero.

El tribunal de garantías desestima el recurso por mayoría y la sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados del sector progresista Juan Antonio Xiol y Ramón Sáez.

Para el Constitucional, la conducta del recurrente no podía estar amparada en el ejercicio de derechos subjetivos, porque en su condición de presidente de la Generalitat de Cataluña, y máximo responsable de la gestión de los edificios públicos, su conducta venía determinada por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

La sentencia explica que Torra no fue condenado por sus ideas, opiniones o manifestaciones, sino por el incumplimiento de unos requerimientos derivados de un uso inadecuado de los edificios públicos, que deben estar al servicio de los intereses generales, no de un grupo más o menos concreto o numeroso de personas, con exclusión del resto.

Por tanto, la exhibición de simbología partidista, en cuanto que identificable con determinadas opciones políticas, infringía el deber de neutralidad y objetividad que, en todo momento, debe ser respetado por los poderes públicos, pero especialmente durante el periodo electoral, como garantía de la limpieza del proceso democrático, y de la igualdad en las elecciones.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, descarta también la vulneración de los derechos al juez imparcial, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la presunción de inocencia, así como al derecho a la igualdad.

También se descarta el planteamiento de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, que habían sido solicitadas por Torra, al entender que no concurre el presupuesto de su procedencia para la resolución del amparo.

De esta forma, el tribunal resuelve el fondo del recurso una vez que ya rechazó hasta en tres ocasiones los intentos de Torra para que suspendiera cautelarmente su ejecución hasta resolver el amparo y abre la puerta al expresident para recurrir ante la Justicia europea.

Torra recurrirá a la justicia europea

Torra ha anunciado este miércoles que recurrirá a la justicia europea después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado su recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) que le condenó a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al negarse a retirar lazos amarillos de instituciones públicas.

En un comunicado, ha lamentado que la decisión del TC llegue cuando hace casi dos meses que terminó la condena de inhabilitación --el 3 de enero de 2022--, por lo que "ya no habría ninguna opción de reparar el daño causado".

"Es un ejemplo más de que la justicia española corre cuando quiere correr y va lenta cuando le conviene, de acuerdo con una intencionalidad política que no esconden los miembros del tribunal cuando tienen ocasión", ha destacado.

Pese a todo, considera que la decisión del Alto Tribunal cierra definitivamente la vía estatal de la causa y abre "plenamente el camino de la justicia europea, el camino de la única justicia posible para los independentistas catalanes".

También constata que el fallo del TC incluye dos votos particulares que se oponen a la decisión "de los dos mejores juristas del órgano judicial", Juan Antonio Xiol y Ramón Sáez, según la defensa de Torra, a cargo de los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal.

El expresidente catalán afrontará el 17 de marzo otro juicio en el juzgado penal número 6 de Barcelona "por desobediencia a las instrucciones de la justicia política española, y por tanto por obediencia a la voluntad democrática de los catalanes".