El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió el pasado miércoles en el Congreso, que la guerra en Ucrania y las sanciones económicas que está aplicando la UE contra Rusia para intentar detenerla tendrán consecuencias en la economía española. Este viernes, un alto cargo de su Gobierno, de las líneas de Unidas Podemos, ha apuntado que el Ejecutivo debería adelantar la utilización del segundo tramo de los 70.000 millones de préstamos que recibirá España del Fondo de Recuperación de la UE tras la Covid para hacer frente a consecuencias como el aumento de la inflación, la caída del consumo y el efecto de ambos sobre el empleo.

Entrevista | Nacho Álvarez: "Hace falta una reforma fiscal para lograr una recuperación con menos desigualdad"

Así se ha manifestado mediante un 'hilo' de Twitter el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, número dos del Ministerio de dirige Ione Belarra y un respetado interlocutor en Moncloa en materia económica. 

"España debe contemplar en las próximas semanas la posibilidad de hacer uso del segundo tramo de 70.000 millones de euros de préstamos del Next Generation. Recordemos que el paquete de expansión fiscal italiano duplica al español", ha escrito Álvarez en la red social sobre la cantidad total que recibirá España hasta 2026 y que se completa con otra cantidad similar  fondo perdido, en subvenciones, hasta completar una ayuda total de 140.000 millones.

De momento, Bruselas ha autorizado el pago a España de un primer tramo de 10.000 millones correspondientes a subvenciones, mientras que en los Presupuestos para 2022 el Gobierno contempla el gasto de más de 27.600 millones provenientes de la UE, que deben gastarse en financiar proyectos en materia de transición ecológica, digitalización, cohesión social y territorial e igualdad.

Sin embargo, el secretario de Estado de Unidas Podemos sugiere este viernes que el Gobierno debería no solo iniciar ya el empleo de un segundo tramo de ayudas, sino hacerlo para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, debido a unas sanciones internacionales que van a suponer que "se incrementarán los precios e los combustibles y de algunas materiales fundamentales, al reducirse su oferta".

Desde este punto de partida, Álvarez continúa su razonamiento indicando que "una mayor inflación puede suponer una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y el deterioro de la competitividad externa de las empresas" y que "este incremento de costes podría llegar a reducir el consumo de hogares y la inversión empresarial".

Por tanto, continúa, "existe un riesgo de que la recuperación post-COVID se ralentice y, con ello, también la creación de empleo" y pide al Gobierno que, como ya hizo por la pandemia, vuelva a "adaptarse al nuevo desafío internacional", mediante varias vías: reformar el mercado eléctrico, que el Gobierno "subsidie el consumo de las familias" y un "pacto nacional de rentas" como el que también anunció Sánchez esta semana en el Congreso.