El Gobierno endurecerá las penas de los maltratadores que "usen" a los animales para "hacer más daño" a sus víctimas

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos.
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos.
EFE
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos.

El Gobierno reformará el Código Penal para que los tribunales puedan considerar como un “agravante” en las condenas de los maltratadores que utilicen a los animales para “causar más sufrimiento” a las víctimas. El Ejecutivo lo ha anunciado este viernes, día en el que también se ha aprobado la Ley de Protección Animal, que “tiene como objetivo” perseguir el “abandono, el sacrificio y el maltrato”.

Según ha explicado la ministra responsable de Derechos Sociales -y proponente del articulado-, Ione Belarra, el Ejecutivo procederá a endurecer las penas a las que se condene a los maltratadores si utilizan a los animales para ejercer aún más violencia. “La violencia ejercida a través de los animales va a ser un agravante”, ha avanzado la también líder de Podemos, que ha explicado que su departamento ha visto la necesidad de perseguir el hecho de que se cause “más sufrimiento a las víctimas a través de los animales”.

“Es la primera ley de protección animal”, ha destacado Belarra, añadiendo que se prohíbe el sacrificio de animales -salvo la eutanasia "justificada bajo criterio y control veterinario con el fin único de evitar su sufrimiento"-, así como el abandono, el maltrato -definido como "toda acción mediante la cual se inflige dolor o sufrimiento a un animal"- y su uso en peleas y en actividades artísticas, turísticas, publicitarias o de mendicidad.

La nueva norma también plantea la prohibición de circos con animales salvajes, como ya ocurre en buena parte de las comunidades autónomas, así como crear un registro de infractores que impida la tenencia de animales -o su uso para actividades económicas- por parte de personas inhabilitadas por sentencia judicial. La ley, además, prohibirá a nivel estatal las peleas de gallos -que siguen estando permitidas en determinadas circunstancias en Andalucía y Canarias-, la cría de visones americanos por su potencial invasor o la cría, comercialización y tenencia de animales exóticos que supongan "un posible riesgo para la seguridad pública o el medio ambiente".

El proyecto de ley que comenzará a tramitarse el viernes incluye un régimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros para las infracciones más graves, entre las que se contará precisamente la celebración de peleas de gallos. La cría de visones o de animales sin control, así como la utilización de animales salvajes en circos, estará castigado con sanciones de entre 30.001 y 100.000 euros.

Reticencias de Agricultura

El texto aprobado este viernes llevaba meses preparado para recibir la luz verde del Consejo de Ministros -ahora pasará a ser tramitado en el Congreso-. No obstante, esa demora se debió a que otro de los ministerios del Gobierno, el de Agricultura, no estaba totalmente de acuerdo con el articulado, que finalmente ha logrado salir adelante sin cambios respecto a cómo lo planteó la cartera de Belarra en un primer instante. 

La ley, entre otros asuntos, pretende prohibir en toda España el sacrificio de animales domésticos abandonados o limitar la cría y venta de animales a profesionales certificados, lo cual incluye restringir el número de camadas que puede tener cada hembra. Precisamente este último punto generó resistencias en algunos colectivos de cazadores, que pidieron eximir de las restricciones a animales como los perros de caza para evitar perjudicar una actividad económica importante en ciertas zonas rurales.

Agricultura se alineó con ellos y, hace unos meses, el ministro Luis Planas aseguró que velaría por defender sus "puntos de vista" en relación a la producción ganadera y también por defender la cinegética. No obstante, Derechos Sociales rechazó hacer excepciones porque, según el Ministerio, "son cientos los casos al año de intervenciones de centros de cría donde las perras paren sin descanso hasta morir extenuadas, con enfermedades y deformidades, y con graves problemas de comportamiento derivados de sus penosas condiciones de vida".

Críticas de las asociaciones

Algunas empresas han recibido con escepticismo y críticas la nueva ley. Es el caso de Kiwoko, cadena de tiendas de animales de compañía. Según su relato, al prohibir la ley comprar animales en tiendas físicas "como pequeños mamíferos, reptiles o aves", se va a "favorecer el mercado negro, ya que se tendrán que comprar en internet y las condiciones en las que el animal llegara podrían ser deplorables". Desde la compañía destacan que "no podrían ejercer como intermediarios entre protectoras y nuevos usuarios", lo que "dejaría sin músculo a las protectoras y ralentizaría el proceso de adopción de las mascotas al saturarse los centros de adopción".

No obstante, algunas asociaciones celebran la nueva ley. La Real Sociedad Canina de España (RSCE), "la voz de los perros de raza", la tilda de "histórica", pues el hecho "de que se promulgue por primera vez una ley de carácter estatal que armonice las diferentes legislaciones autonómicas y locales y que actualice conceptos superados y obsoletos" es una “gran noticia”. "Un paso adelante contra el maltrato y el abandono", añaden.

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