La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría ser suspendida de militancia por un mínimo de cuatro años e incluso expulsada del PP si el Comité de Garantías de la formación entiende probado que ha cometido una "manifiesta deslealtad al partido" o "a sus órganos de gobierno y representación". Así lo establece el régimen disciplinario contenido en los estatutos del PP, que tipifica como falta muy grave esa "deslealtad" de la que este jueves acusó a Ayuso el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, tras las declaraciones de la presidenta acusando "al entorno de Pablo Casado", de urdir una trama de espionaje para "destruirla".

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Esa sería una de las infracciones que el PP podría imputar a Ayuso, según se desprende de las palabras de Egea, aunque los estatutos dejan abierta otra puerta, ya que también se consideraría falta muy grave que la presidenta hubiera incurrido en "cualquier forma de corrupción". Eso es precisamente lo que investiga Génova y lo que deslizó este jueves el secretario general al airear las dudas que suscita en el PP un contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid por el que, presuntamente, el hermano de Ayuso habría cobrado una elevada comisión.

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Si se considerase probado que la presidenta madrileña ha cometido alguna de estas dos faltas muy graves, la sanción más elevada que podría recibir es la expulsión del partido. La más indulgente, por el contrario, sería la "suspensión de afiliación por un periodo de tiempo de entre cuatro y seis años", que podría venir acompañada de la "inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de este por igual periodo de tiempo", según establecen los estatutos del PP. Eso implicaría, para empezar, que Ayuso no pudiera aspirar al cargo de líder del PP en la Comunidad de Madrid, aunque el partido no podría obligarla a dimitir como presidenta de la región.

Los estatutos del PP también recogen otras dos infracciones, en este caso tipificadas como graves, que podrían aplicarse a las incendiarias declaraciones de Ayuso de este jueves, en las que ha acusado de "cruel" a la dirección de la formación. La primera es la consistente en "propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al partido", mientras la segunda se refiere a "cualquier manifestación pública, oral o escrita, en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado al partido". Estas faltas graves están castigadas con suspensión de la afiliación de entre uno y cuatro años, e inhabilitación para desempeñar cargos internos y públicos por igual periodo.

El procedimiento disciplinario

Este jueves, Egea anunció la apertura de un "expediente informativo" para aclarar las dudas que existen sobre la actuación de Ayuso en la adjudicación del contrato sospechoso. Estatutariamente, ese es el proceso que puede poner en marcha el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP "con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar" un procedimiento sancionador. 

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Si, tras esas indagaciones, el partido entiende que a Ayuso se le puede imputar alguna infracción, podría abrir un expediente en su contra, aunque hasta que se resuelva Casado tiene la competencia de proponer al Comité de Derechos y Garantías la suspensión cautelar de militancia de Ayuso por infracción muy grave. En cualquier caso, el expediente tendría que tramitarse en un máximo de tres meses, y comenzaría con la designación de un instructor de entre los vocales del Comité de Derechos y Garantías del PP para que examinara "los antecedentes, informes y pruebas" contra la presidenta madrileña. 

Hecho esto, "el instructor propondrá el archivo del expediente o formulará el oportuno pliego de cargos tipificando la falta presuntamente cometida y proponiendo las sanciones que puedan ser de aplicación", plantean los estatutos. Sería entonces cuando Ayuso podría presentar sus alegaciones en un plazo de siete días hábiles. Y, posteriormente, el instructor tendría dos semanas para elevar su propuesta de resolución al Comité de Derechos y Garantías, el encargado de resolver en un plazo máximo de dos meses. Contra su decisión, Ayuso tendría diez días para presentar recurso o incluso podría ir a los tribunales.