El Parlamento de Andalucía vivió un tenso debate sobre la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. La cámara acordó por mayoría (con la abstención del PSOE) iniciar los trámites de la Ley que aspira a regular los regadíos de Doñana, defendida por PP, Cs y Vox, a pesar de las quejas del Gobierno central y las denuncias de la izquierda y las organizaciones ecologistas.

Según la organización ecologista WWF, que ha elevado sus quejas a la Unesco, el proyecto de Ley "busca amnistiar 1.460 hectáreas de regadío irregulares en Doñana". El Gobierno andaluz, por su parte, defiende que sólo plantea regularizar los derechos históricos de los regantes ante el "olvido" y "abandono" de la Junta durante los años de mandato socialista.

A este respecto, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se dirigió por carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para pedirle que desista de la iniciativa legislativa que pretende regular la ampliación de la zona regable de Doñana.

En la citada carta, la ministra muestra su preocupación ante la futura ley por cuanto "interfiere de forma palmaria" en una competencia exclusiva del Estado reflejada en la Constitución y que hace referencia a la ampliación de una superficie regable que afecta a la cuenca del Guadalquivir. Recuerda que, según sentencia del Tribunal Constitucional, las actuaciones de la comunidades autónomas en materia de agua que se extiendan más allá de sus territorios han de hacerse en el seno de las Confederaciones Hidrográficas "y solo son factibles en la medida en que no interfiera la actuación de esta ni la perturbe".

En este caso, continúa la misiva, no solo se vulnera una competencia exclusiva del Estado, sino que además se adentra en "cuestiones reservadas a la legislación estatal de aguas" que la legislación autonómica "tiene vedado reproducir". Advierte asimismo de que la ley que pretende aprobar el Parlamento andaluz causará "enormes perjuicios" económicos y medioambientales para España, a la par que un daño grave para su imagen internacional, por lo que pide al presidente Moreno que desista de esta iniciativa legislativa.

Teresa Ribera también incide en la "honda preocupación" que la citada medida ha provocado en organismos internacionales como la Unesco y la Comisión Europea ante las repercusiones que dicha propuesta tendría para la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats.

La vicepresidenta concluye su carta apelando al "sentido de responsabilidad" del Ejecutivo andaluz, al que solicita una "respuesta adecuada y proporcionada" a las necesidades de Doñana, que impulse medidas de desarrollo económico y de empleo y que, a la vez, sea "compatible con la legalidad europea".

Ante la Unesco y en Bruselas

Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que el próximo 18 de febrero se reunirá en Madrid con representantes de la Unesco para "intercambiar estrategias para defender Doñana", una cuestión que también tratará en el viaje que tenía previsto haber realizado en enero a Bruselas, pero que ha tenido que posponer hasta los próximos días 1 y 2 de marzo al dar positivo por Covid la víspera de dicho desplazamiento. 

Así lo ha anunciado la propia Teresa Rodríguez en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha vuelto a criticar la "iniciativa legislativa de las fuerzas que sustentan al Gobierno" andaluz para "secar Doñana", y con la que, según ha lamentado, "hacemos el ridículo en Europa".