"Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias". Es la denuncia que hace Amnistía Internacional tras analizar las dificultades a las que se enfrentaron las familias de los 35.670 mayores fallecidos en las residencias a la hora de acceder a la justicia y a la investigación. Según sus cálculos, el 89% de las investigaciones penales han sido archivadas.

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Así, la ONG lamenta que "no se está garantizando la verdad para las víctimas", sino que se está "extendiendo la impunidad", obstaculizando así la "reparación del daño causado". Ahora que se han cumplido dos años desde que se detectó el primer caso de Covid, exige a los grupos parlamentarios la creación de una "comisión de verdad" en el Congreso que analice con exhaustividad lo ocurrido durante la pandemia, dé respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a suceder. 

"Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y, sin embargo, no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido", señaló este lunes el director de la organización, Esteban Beltrán, quien considera que "las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de Derechos Humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad".

Así lo asumió también la propia Fiscalía, cuando reconoció que, efectivamente, se había producido una vulneración de los derechos en las residencias. Sin embargo, el 89% de las investigaciones penales llevadas a cabo por la propia institución han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales, denuncia Amnistía Internacional. Además, subraya la ONG, el cierre de las comisiones de investigación parlamentarias en las comunidades autónomas está fomentando la "impunidad" y haciendo recaer el peso sobre los familiares, que se sienten "abandonados" y que en muchas ocasiones deben incluso aportar ellos mismos las pruebas de las vulneraciones. 

La única comisión que se mantenía en funcionamiento era la de Castilla y León, que fue cerrada recientemente por la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones anticipadas. En Cataluña se propuso un grupo de expertos en lugar de una comisión, y en la Comunidad de Madrid sucedió lo mismo que en la región castellano y leonesa cuando se convocaron elecciones el año pasado, pero nunca se volvió a poner en marcha tras la constitución de la nueva Asamblea. 

"Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia", declara Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzhéimer, falleció en una residencia en Madrid.

Sin tomar declaración a los familiares

Debido precisamente a que el Ministerio Fiscal está archivando las investigaciones, son los familiares quienes están presentando denuncias o querellas en los tribunales, asegura Amnistía Internacional. Aun así, afirma que el alcance de las investigaciones está siendo "muy desigual" según el juzgado o tribunal y, en todo caso, que avanzan muy lentamente. Además, en ciudades como Madrid o Barcelona, no se está teniendo en cuenta la información que aportan las personas afectadas o incluso se ha llegado a no tomar declaración a las víctimas o los profesionales de las residencias. Concretamente, según sus hallazgos, entre Madrid y Barcelona se habrían archivado diligencias de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información.

"El Protocolo de la ONU sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (aplicable a centros geriátricos) reconoce el derecho de las víctimas (familiares) a participar en las investigaciones", destaca el director de Amnistía Internacional. 

Por ello, la organización pide, en primer lugar, que se lleven a cabo las inspecciones presidenciales de las residencias que se suspendieron durante la pandemia. Exige también que el Ministerio Fiscal investigue de forma proactiva todos los fallecimientos de las personas a las que no se le aseguró adecuada asistencia sanitaria, para esclarecer hasta qué punto los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores, según denunciaron entonces varias residencias. 

El nuevo modelo residencial

En diciembre, el Gobierno discutió con las comunidades la creación de un nuevo modelo residencial que establezca los criterios (de recursos humanos, materiales, de equipamientos, de calidad) que tendrán que tener las residencias y que serán evaluados periódicamente por un inspector. La organización acoge esta iniciativa y la valora "positivamente", pero considera "fundamental" que se incluya la formación obligatoria del personal de los geriátricos en asuntos como los protocolos, la utilización de EPIs y cuidados directos o la adopción de una perspectiva de género. 

Desde la ONG destacan también la importancia de que el documento final incida específicamente en que las decisiones médicas se basen "siempre" y "únicamente" en evaluaciones clínicas individualizadas y que, en ningún caso, la derivación de las personas mayores a los hospitales se base en criterios discriminatorios. 

Hacen especial hincapié en esto último porque durante los meses más duros de la pandemia, se negó el traslado a los hospitales de muchos residentes enfermos para los que esa derivación podría haber sido vital. "Los criterios, además de la fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro cognitivo, no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio", denuncia la organización.