Las complicaciones en la negociación con los socios independentistas del Gobierno para convalidar la reforma laboral amenazan con acabar provocando un importante choque en el seno del Ejecutivo. PSOE y Unidas Podemos coinciden en que el texto pactado con la patronal y los sindicatos debe aprobarse en el Congreso sin incluir ningún cambio, pero el Ministerio de Trabajo, en los últimos días, se ha mostrado abierto a negociar algunas de las exigencias de ERC, PNV y EH Bildu en los dos años de legislatura que quedan. No obstante, los socialistas se oponen frontalmente a esa idea, y fuentes del PSOE son muy claras al afirmar que Díaz no está facultada para prometer cambios futuros en normativas laborales para conseguir el apoyo de los independentistas a la reforma.

El choque entre los socios del Ejecutivo se produce después de dos semanas de negociaciones infructuosas con ERC, PNV y EH Bildu que han complicado la aprobación definitiva en el Congreso de una de las reformas estrella del Gobierno en la legislatura. Trabajo sigue negociando discretamente con sus socios para desbloquear las conversaciones, pero por el momento estos siguen oponiéndose a dar su apoyo a la reforma laboral, una circunstancia que está aprovechando Ciudadanos para erigirse como alternativa -parcial, puesto que por sí solo su apoyo no bastaría para convalidar la norma- asegurando que apoyará el texto únicamente si no incluye ningún cambio.

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El PNV exige, fundamentalmente, que la reforma laboral recupere la prevalencia de los convenios sectoriales autonómicos sobre el de ámbito estatal, mientras ERC y EH Bildu, que comparten esta reivindicación, van más allá y piden también aumentar el coste del despido o recuperar los salarios de tramitación. Trabajo, por su parte, se ha cerrado en banda a elevar la indemnización por despido hasta los anteriores 45 días por año porque, aunque comparte la propuesta, no quiere abrir una nueva batalla con el PSOE por esto. Pero sí consideran que algunas de las peticiones de los independentistas pueden ser negociables, aunque en conversaciones futuras, porque no afectan a lo pactado en esta reforma laboral.

Las fuentes consultadas explican que ese es el caso, por ejemplo, del refuerzo de la Inspección de Trabajo -que el Gobierno ya acometió a finales del año pasado- o la nueva regulación de las jornadas a tiempo parcial, que estará incluida en la ley de usos del tiempo que Trabajo tiene previsto comenzar a tramitar este año. Y en esa línea, aunque siendo muy parco en detalles, se pronunció este martes el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que recordó a ERC -junto a Bildu, el socio que más lejos está ahora mismo del Gobierno- "que quedan dos años de legislatura y este acuerdo no es el punto final de la agenda legislativa a nivel laboral, sino el punto de inicio". 

El acuerdo "puede pasar por la agenda legislativa" de 2022

"El de la reforma laboral no va a ser el último acuerdo importante al que vamos a llegar en materia laboral, el Ministerio de Trabajo tiene una agenda que desarrollar", insistió en este sentido Asens, que espetó a ERC que "se debe fiar de los agentes sociales y en especial de los sindicatos, que están pidiendo por activa y por pasiva que respete el acuerdo". "Creemos que hay margen para llegar a un acuerdo, un acuerdo que puede pasar por esa agenda legislativa posterior, y creo que nosotros hemos cumplido siempre nuestra palabra", planteó asimismo el dirigente de Unidas Podemos en relación a las dudas expresadas hace unos días por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en relación a esta vía.

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La semana pasada, Rufián aseguró ante esta posibilidad que la "humilde experiencia" de ERC "negociando con PSOE y Unidas Podemos es que lo que no se cierre ahora, no se va a cerrar". Y fuentes socialistas, lejos de dar falsas esperanzas a los republicanos, coinciden con Rufián en que su apoyo a la reforma laboral no puede estar condicionado a la promesa de que otras normativas relativas al mercado laboral incluirán sus reivindicaciones. "No está sobre la mesa condicionar la tramitación del decreto a las demandas de los grupos", sostiene un dirigente del PSOE.

Fuentes socialistas son muy claras en que la posición del ala mayoritaria del Gobierno es que no pueden ofrecerse "contraprestaciones" de cara al futuro a los socios parlamentarios del Ejecutivo. "Lo que se está planteando en la negociación es que se apruebe el decreto en sus términos" -algo que Trabajo comparte-, y "no se está hablando de compromisos para más adelante", zanjan los dirigentes del PSOE consultados.

Pese a ello, el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, sí planteó que el PSOE "está comprometido con la modernización permanente y actualización legislativa del marco de relaciones laborales". Pero esas futuras medidas, sostienen fuentes socialistas, se verán en su momento y no pueden ser una condición para que ERC, PNV y EH Bildu aprueben la reforma laboral en sus términos. Es más: estas fuentes dejan caer que, si Díaz quiere emplear esa estrategia de negociación, tendrá primero que consensuarla con el PSOE, que es quien tiene el mayor peso en el Gobierno.