A los sindicatos mayoritarios no les convence el bono de 250 euros para jóvenes de hasta 35 años aprobado este martes por el Gobierno y exigen que se complemente con una bajada por ley de los precios del alquiler, una medida que la ley de vivienda pactada por PSOE y Unidas Podemos solo implementará de manera parcial cuando sea implantada. Tanto CCOO como UGT criticaron este martes la ayuda: el primero la calificó como una medida meramente "paliativa" que "no garantiza el acceso a la vivienda a la población joven", mientras el segundo denunció que es "insuficiente" y puso en duda su "efectividad".

Las centrales sindicales llevan un tiempo siendo muy críticas con la política de vivienda del Gobierno, al que acusan de haberse quedado corto en su anteproyecto de ley de vivienda a la hora de abordar el problema de los elevados precios del alquiler. De hecho, CCOO y UGT han apoyado explícitamente una proposición de ley alternativa a la promovida por el Ejecutivo, un texto que el Congreso tumbó hace unas semanas. Esa propuesta, promovida por ERC, EH Bildu y otros aliados del Gobierno y elaborada por colectivos como el Sindicato de Inquilinos o la PAH, incluía un mecanismo de regulación de los alquileres más ambicioso que el pactado en el seno del Ejecutivo.

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Por ello, las críticas de los sindicatos mayoritarios al bono de alquiler para jóvenes son una consecuencia lógica de su apuesta por una regulación fuerte de los precios del arrendamiento. "Para CCOO, la forma estructural de abaratar el acceso a la vivienda no pasa por subvencionar a los inquilinos el precio de un alquiler que se eleva, sino por regular el mercado del alquiler limitando los precios máximos en las zonas tensionadas", dejó claro el sindicato que lidera Unai Sordo este martes, si bien también apostó por poner en marcha "un potente parque público de alquiler asequible".

En relación al diseño del bono aprobado por el Gobierno, CCOO critica que sea "una ayuda limitada en el tiempo" que, por tanto, "no ofrece un apoyo continuo en el medio o largo plazo a la población joven". No obstante, la queja principal de la organización es que este tipo de ayudas a los inquilinos "a priori mejoran la capacidad de pago de las personas que demandan una vivienda, pero si no se actúa sobre la oferta de vivienda, regulando la existente y/o aumentando la oferta asequible, lo más factible es que la mayor parte de estas ayudas acaben en un incremento de los precios".

"El alquiler máximo" para sufragar el cual se podrá percibir la ayuda "está topado a 600 euros (900 si así lo acuerdan las comunidades), lo que hará que los alquileres disponibles, especialmente en las zonas de mayor demanda de vivienda, se acumulen en esos límites, cuando no los superen exigiendo un sobreprecio no declarado", alerta igualmente CCOO. Y "si estas medidas, aun limitadas, contribuyen a elevar los precios del alquiler, se perjudica no solo a las personas beneficiarias de la ayuda, sino también al resto de personas que buscan una vivienda de alquiler", concluye el sindicato.

UGT habla de "cortina de humo"

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Por su parte, UGT mostró las "profundas dudas" que le genera la "efectividad" de una medida, el bono aprobado por el Gobierno, que "demuestra" que el Ejecutivo está "alejado de la realidad social". En la misma línea que CCOO, UGT alerta de que "los límites del precio total de la vivienda que se exigen para poder acceder a la subvención estimulan que el mercado se eleve, propiciando que parte de ese bono de vivienda joven acabe en el bolsillo del arrendatario en lugar de ser un ahorro real para la persona joven". Y, por ello, el sindicato que lidera Pepe Álvarez califica la medida como "cortina de humo para enmascarar un fracaso político como es el de no haber podido alcanzar una ley de vivienda que responda a las necesidades vitales de la sociedad".

UGT también considera que las políticas de vivienda "realmente innovadoras y valientes" pasan por regular de forma ambiciosa los precios de los alquileres. Las medidas a tomar, sostiene el sindicato, "deben estimular que los alquileres frenen el alza abusiva de los precios, controlándolos con un límite de alquiler que esté basado en un tope de euros por metro cuadrado y acorde con el precio actual medio de la zona".