“El proyecto sí, pero no la ubicación”. Las familias de la Escuela Mas Casanovas del Guinardó están en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat para evitar que abran un centro de personas sin hogar drogodependientes a escasos 15 metros del colegio de sus hijos, un centro de educación infantil y primaria con menores de entre tres y 12 años.

El equipamiento tiene previsto abrir sus puertas en marzo, en el edificio que hasta ahora ocupaba el Hotel Aristol, que ha dejado de funcionar como tal. Allí se trasladarán 50 personas sin hogar con problemas con drogas -también alcohol-, que actualmente están alojadas en otro centro en Les Corts, donde también conviven “puerta con puerta” con otro colegio desde abril de 2020. 

Según aseguran tanto el consistorio como el director del equipamiento, a pesar de los prejuicios la convivencia entre ambos ha sido “perfecta” y no ha habido “ningún tipo de conflicto”. 

Por su parte, la regidora de Salud, Gemma Tarafa, ha asegurado en rueda de prensa que “entiende” la preocupación de las familias, pero ha matizado que se trata de un servicio “necesario” en la ciudad, y se ha comprometido a hacer un seguimiento para velar por una buena convivencia. "Estoy segura de que conseguiremos una implantación muy positiva como la que ha habido en Les Corts”, ha dicho, un argumento que no comparten numerosas familias del centro, que están recogiendo firmas para que se reubique el espacio en algún lugar alejado de cualquier escuela.

Centro pionero en el país

Este centro de personas sin hogar con drogodependencias es único en toda España. Abrió en Les Corts como medida de urgencia en abril de 2020, durante el primer estado de alarma, cuando todo el mundo tenía que quedarse en casa y estas personas no tenían adónde ir. Cuando se levantó el confinamiento, el gobierno municipal decidió darle continuidad y “consolidarlo”, por lo que le buscó una nueva ubicación, que será en el Guinardó si no hay cambios de última hora.

El espacio cubre las necesidades básicas de alojamiento, higiene, alimentación y atención sociosanitaria, y también trabaja para ayudar a la autoestima y reinserción social de estas personas. 

También se supervisa su consumo de drogas para reducir los daños, aunque el hecho de tener un lugar donde vivir ya favorece a que este se reduzca: “Estando en la calle, necesitan consumir para anestesiarse, para pasar el día a día, para no pasar frío… Aquí reducen el consumo por sí mismos. La confianza y la posibilidad de mejorar te permite hacerlo”, ha explicado el director del centro, Josep Rovira, en rueda de prensa.

Este equipamiento es una de las medidas que se recogen en el Plan de Acción sobre Drogas y Adicciones 2021-2024, aprobado por unanimidad por todos los grupos municipales el pasado mes de noviembre. Tendrá una financiación pública anual de unos 2,5 millones de euros, que sufragará el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, y lo gestionará la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), entidad ganadora del concurso público que se convocó para ello.