El Govern paga 94,1 millones de euros a Abertis para compensar inversiones y deudas de la C-31, la C-32 y la C-33

  • Los 65,7 millones de euros para pagar en el marco del convenio del Maresme son para mejoras en la vía.
Una cabina para cobrar peajes, ya desancorada, en el peaje troncal de la AP-7 en Vila-seca (Tarragona).
Una cabina para cobrar peajes, ya desancorada, en el peaje troncal de la AP-7 en Vila-seca (Tarragona).
ACN

El Govern ha pagado 94,1 millones de euros a Invicat, del grupo Abertis, para compensar inversiones hechas y deudas relacionadas con la concesión –finalizada el 31 de agosto- de las autopistas C-31, C-32 y C-33, según ha publicado 'Nació Digital'. La decisión se aprobó en el consejo ejecutivo del 21 de diciembre, y consta en un acuerdo de Govern que distribuye el dinero en tres partidas: 65,7 millones para un convenio marco para el Maresme de 2010; 23 millones de euros para un convenio de 2013; y 5 millones de euros más para otro de 2015. 

El dinero es "en concepto de abono a cuenta de los saldos de compensación final que puedan corresponder por los diferentes convenios firmados de modificación de la concesión para la construcción" de estas vías.

Según Territori, los 65,7 millones de euros para pagar en el marco del convenio del Maresme son para mejoras en la vía, fundamentalmente el sobrecoste de las obras de prolongación en Palafolls, y para compensar los efectos del retraso en la puesta en servicio de aquellas obras. 

Aquel convenio ponía las bases para ampliar la vía hasta Lloret, pero el dinero, apuntan fuentes de la conselleria, no es para compensar cuestiones relacionadas con trámites como gastos en dirección de obras y trámites de expropiación sobre las obras del ramal Blanes-Lloret, que no se llegaron a hacer, Estos gastos, de hecho, se compensan con los 5 millones de euros de otro convenio de 2015.

Más allá de estos 94,1 millones de euros ya pagados, Abertis reclama a la Generalitat 250 millones más para el tráfico no alcanzado porque no se hicieron las obras de prolongación, según apunta 'Nació Digital'. La reclamación se basa en el convenio firmado en 2010.

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