Uno de los elementos que marcarán esta segunda Navidad de pandemia son los test de antígenos, su búsqueda en las farmacias y el elevado precio que, de un día para otro, alcanzaron en pleno desabastecimiento en ciudades como Madrid o Barcelona. Desde que hace más de un mes empezara a asomar el fenómeno, la posición del Gobierno ha sido que no era posible regular los precios y que estos artículos estaban sometidos al "libre mercado". Hasta este lunes, el primer día de 'normalidad' tras las fiestas, en el que el presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno se pondrá manos a la obra para "controlar" el precio de los test de antígenos. Sin más detalles, la noticia ha caído de diferente manera entre los farmacéuticos, que la han celebrado, y los productores de test, que alertan de que un precio máximo que sea demasiado bajo puede perjudicar a la producción nacional.

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"Ahora nos meteremos con el control del precio de los test de antígenos. Lo haremos, sí". Así ha sido la respuesta que Sánchez ha dado en una entrevista en la Ser sobre si se van a regular de alguna manera. Su respuesta supone toda una enmienda a lo que defendía el Gobierno hace apenas unas semanas, cuando antes de Navidad los ciudadanos empezaron a hacer acopio de test de antígenos como forma de intentar hacer seguras las reuniones sociales y familiares de esos días. Entonces, fuentes del Gobierno sostenían que no son productos sanitarios, por lo que no se podía fijar un precio máximo, como se hizo el año pasado con las mascarillas.

De momento, Sánchez no ha revelado más detalles y tanto el Ministerio de Sanidad como el de Consumo apuntan a Moncloa si se les pregunta por cuál será a partir de ahora -y a partir de cuándo- el precio máximo que se pagará por un test de antígenos en las farmacias. Se desconoce qué tope máximo pondrá el Gobierno a los precios, si este será parecido al precio "asequible" que se pactó en julio o será inferior. Lo que sí parece claro, porque así lo ha indicado Sánchez, es que seguirán vendiéndose solo en farmacias y no en supermercados o grandes superficies como ocurre en otros países de la UE.

Según un informe de la consultora Iqvia, en la última semana de 2021 las ventas de test de antígenos en las farmacias creció un 69,9% con respecto en la semana previa, cuando el repunte de la demanda ya había registrado un nuevo récord anual, con Cataluña y la Comunidad de Madrid a la cabeza de las compras. En todo 2021 se vendieron en toda España casi 30 millones de test, 8,5 millones en la semana del 26 al 31 de diciembre.

El precedente de las mascarillas

La medida es parecida a la que se tomó con respecto a las mascarillas, también en el hecho de que el Gobierno ha ido en su reacción por detrás de la realidad. En noviembre de 2020, el Gobierno accedió por fin a fijar un precio máximo para las mascarillas quirúrgicas, 0,72 por unidad, que ya entonces era más caro que su precio en los supermercados. Poco después, el precio máximo final quedó fijado en 0,62 euros la unidad cuando se bajó el IVA del 21 al 4% después de semanas de resistencia por parte del Ministerio de Hacienda. Por lo que respecta a la cuestión impositiva, entonces también se fijó un tipo 0% para las importaciones de test de antígenos -entonces solo para uso profesional- que después también afectó a los test de autodiagnóstico que se venden en farmacia. Como el IVA superreducido para las mascarillas quirúrgicas, esta exención del IVA se ha prorrogado hasta junio de 2022.

Con respecto al precio de los test de antígenos, ni el Ministerio de Consumo ni el de Sanidad se han pronunciado este lunes sobre cuál será el límite que fije el Gobierno, tal y como ha anunciado Sánchez este lunes. Ambos departamentos se adhieren a lo que ha dicho el presidente, que también a avanzado que el Gobierno adquirirá este mes 344.000 dosis de los antivirales orales que produce Pfizer y que "reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos vulnerables". 

En torno a los cinco euros

El laboratorio Cinfa, uno de los mayores productores españoles de test de antígenos, calcula que el precio regulado podría estar en torno a los cinco euros por unidad, "actuando sobre los diferentes escalones de la cadena sanitaria", que también incluye a distribuidores o farmacéuticos.

Cinfa asegura no haber tenido conversaciones con el Gobierno sobre esta cuestión, pero apoya la fijación de un precio máximo inferior al precio asequible que se pactó en julio porque "la situación es muy diferente" ahora, aunque cree que habría sido "más positivo una regulación previa". "El test es un producto sanitario fundamental para la contención de esta variante tan contagiosa y su uso mucho más amplio, con lo que los precios pueden ser más ajustados siempre y cuando la oferta y la demanda se estabilicen, aunque la dependencia de terceros países y los elevados costes logísticos en estos momentos no ayudan", dicen en Cinfa.

Según sus cálculos, el precio tope de los test de antígenos quedaría levemente por debajo de la parte baja de la horquilla que se fijó en julio, cuando empezó la venta en farmacia de los test de antígenos para el autodiagnóstico. Entonces, el sector farmacéutico convino un precio "asequible" de entre 6 y 10 euros aproximadamente por unidad, en un momento en el que el Gobierno ya insistía en rechazar fijar un precio regulado, argumentando que no era posible en un producto que no era sanitario y que quedaba fuera de la regulación de la Agencia Española del Medicamento. Pasado el pico de demanda que hubo en las primeras semanas, los test de antígenos bajaron de precio y podían encontrarse test de antígenos por tres, cuatro o cinco euros.

Todo cambió justo antes de Navidad, cuando la elevada demanda y la caída de la oferta -con farmacias desabastecidas en Madrid y otras grandes ciudades- hizo que los precios subieran. Paquetes de cinco test que un día costaban 20 euros otro día tenían un precio de 35 y las unidades sueltas llegaron a venderse a 10 o 12 euros. El "control" de los precios que ha anunciado Sánchez este lunes tratará de poner coto a estas situaciones en un momento en el que tanto el Gobierno como la industria da por superada la situación de desabastecimiento que se produjo esta Navidad.

Los farmacéuticos aplauden; los productores alertan

A pesar de la incertidumbre, varios colectivos profesionales relacionados con los test de antígenos se han pronunciado este lunes. La fijación de un precio máximo gusta a los farmacéuticos, que se han visto injustamente afectados por una subida de precios en la que afirman no tener nada que ver. Por otra parte, los productores nacionales de estos artículos advierten de que un precio máximo demasiado bajo puede perjudicar su capacidad de competir con artículos producidos en países con peores condiciones laborales y medioambientales. Aunque sus posturas son distintas, ambos colectivos han tenido conocimiento de la medida al escuchar a Sánchez este mismo lunes.

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha valorado "positivamente" un control de precios que recuerda que ya había pedido a Sanidad, como en 2020 hizo con las mascarillas. "La decisión de regular el precio en toda la cadena contribuirá a poner fin a una situación que hemos denunciando reiteradamente y de la que los farmacéuticos hemos sido víctimas, al producirse aumentos excesivos de precio y tensiones en el mercado originadas por actores ajenos al canal farmacéutico", ha indicado en un comunicado emitido tras escuchar al presidente.

Frente a lo que hasta ahora defendía el Gobierno, los farmacéuticos declaran que los test de antígenos son "productos sanitarios" y defienden que tanto la venta como la notificación de los casos positivos se hagan en las boticas, como ya pueden hacer en Asturias, Cantabria, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias

Por el contrario, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido una liberalización "con más fuerza" mediante la venta de estos test en supermercados, de modo que su precio baje a dos o tres euros. Al mismo tiempo, ha exigido al Gobierno que, como Portugal, reparta cuatro test de antígenos al mes de forma gratuita a cada ciudadano.

Por su parte, los productores nacionales están a la espera de conocer el alcance de la medida, pero de momento alertan al Gobierno del efecto perjudicial que la fijación de un precio máximo demasiado ajustado puede tener sobre una industria nacional que se basa en pequeñas y medianas empresas y que emplea a profesionales "altamente cualificados y adecuadamente remunerados".

"Corremos el riego de que fabricantes de bajo coste que fabrican en países sin los mismos costes laborales o de políticas ambientales" sean los únicos competitivos con un precio máximo demasiado bajo, dice Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio).

"Sería preocupante que estas dinámicas se fuercen de tal forma que lleguemos a costes a los que sea imposible producir (...) hay que ser cuidadosos para que no se perjudique a las empresas nacionales", añade.