A cinco días de Navidad y en plena sexta ola de covid, los Mossos d'Esquadra han desahuciado este lunes en Barcelona a Carlos y a su madre de 77 años pese a contar con un informe de vulnerabilidad y con una petición de la ONU de paralizar el lanzamiento. La familia ha sido expulsada del piso en el que vivían desde hacía 20 años después de que, en 2017, un fondo de inversión comprase el edificio y decidiera no renovar los contratos de alquiler. 

Los activistas concentrados en el número 209 de la calle Roger de Flor, en el Eixample, no han podido evitar el desahucio, que ha sido ejecutado en su sexto intento con un gran despliegue policial. Los agentes, además, han identificado una por una a buena parte de las personas que protestaban pacíficamente frente al edificio. 

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Estas identificaciones, denuncia el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas), servirán para "denunciarles bajo el marco de la ley mordaza con una sanción mínima de 601 euros". Entre las personas que han acudido al lugar para apoyar a la familia, se encuentra este sindicato, además del Sindicat d'Habitatge de Gràcia y la PAH, quienes se habían referido a este desahucio como "el último del año".

En cuanto a la situación de Carlos y su madre, que han sido expulsados de su casa con un informe de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, el Sindicat de Llogateres critica que "la moratoria antidesahucios del Estado no se está cumpliendo". Además, este caso llegó hasta la ONU, desde donde "exigieron a la justicia española que paralizase el desahucio como medida cautelar hasta que hubiera una alternativa habitacional, pero hoy han hecho caso omiso", lamentan.

"Caso típico de especulación de un fondo buitre"

Desde el Sindicat de Llogateres explican que el desahucio de Carlos y de su madre es "un caso bastante típico de especulación de un fondo buitre -Rontzerius S.L.- que compra una finca y decide no renovar el contrato de ninguno de los vecinos que viven allí". Hasta la fecha, cuentan, más de 20 vecinos se han tenido que ir de este edificio, del que "una parte está vacía y la otra se pone a precios muy altos en alquileres de temporada. Hemos visto pisos anunciados a 1.500 euros, cuando los vecinos pagaban de media unos 700".

Sobre estos casos ha hablado el mismo Carlos, en un vídeo compartido por el sindicato: "Se ha estado echando a gente de forma silenciosa y se sigue haciendo. Da igual si es a cuatro días de Navidad. Nos echan a la calle y los que lo permiten son el juzgado y las fuerzas políticas". 

"Que venga un fondo buitre, compre un edificio, eche a la gente y lo permitan. Es una realidad. Represento a mucha gente ante el desamparo legal que sufrimos con la especulación pura y dura de los fondos de inversión. En estas fechas y todo el año se debería abolir el desalojo de personas vulnerables, con familia, y dejarlos desamparados", ha añadido.

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El Sindicat de Llogateres se refiere a estos desalojos silenciosos como "desahucios invisibles" y los define como "aquellos que no se ejecutan por vía judicial, pero hacen que una persona o una familia inquilina tenga que marcharse de donde vive en contra de su voluntad, ya sea por una subida del alquiler o por una no renovación del contrato, además de los casos de acoso".

Para evitar estos casos, la entidad señala la necesidad de impulsar una ley que "garantice la estabilidad de las personas que viven de alquiler". "No se debería poder echar a una familia si está cumpliendo con las condiciones del contrato. Queremos contratos renovables obligatoria y automáticamente siempre y cuando los inquilinos cumplan con sus obligaciones y la propiedad, en caso de ser pequeños propietarios, no necesite la vivienda para uso propio o de algún familiar. Si tuviéramos esta ley, casos como el de Carlos no pasarían".