Juan (nombre ficticio por miedo a represalias) es guardia civil. Acaba de empezar su jornada laboral en el cuartel en el que está destinado en Campo de Gibraltar, una comarca de Cádiz a la que pertenece la Bahía de Algeciras, la puerta de entrada de la droga del sur por su singularidad y su cercanía a Marruecos. Es jueves a media tarde y el grupo de élite lleva desde las ocho de la mañana en una macrooperación contra el tráfico de drogas. "Es una de las tantas" que, dice, hay "día sí y día también". Las cifras impactan: 150 agentes desplegados en seis puntos de una de las barriadas de la zona. El objetivo es el clan del Titi, un histórico del narcotráfico campogibraltareño que ya había sufrido otras operaciones, pero seguía funcionando. "En dos horas me toca patrullar, así que imagínate lo que me toca", sentencia.
Hay desidia en sus palabras. Ese "imagínate lo que me toca" esconde, según cita después en conversación con 20minutos, todo tipo de agresiones: desde insultos hasta golpes. "Nos tiran piedras, nos hacen emboscadas, con pistolas de paintball nos disparan tornillos... Estamos vendidos", expresa.
Y es que, los guardias civiles allí destinados son pocos y, según denuncia, están mal protegidos. Esto provoca que incluso les lleguen a localizar y les agredan cuando están fuera de servicio. Es una de los motivos por los que él, por ejemplo, vive fuera de la Línea de la Concepción aunque esté destinado allí. Todo ello provoca un desgaste en los agentes que hace que casi ninguno quiera seguir en Campo de Gibraltar. "Mis compañeros están deseando volver al norte y yo me lo he planteado", continúa. Cuenta que cualquiera de sus anteriores destinos ha sido mejor porque la Bahía de Gibraltar es su "peor destino".
Mis compañeros están deseando volver al norte y yo me lo he planteado
Los narcotraficantes cada año tienen más recursos
La cuestión es el por qué de la peligrosidad en la zona. Según Agustín Leal, portavoz de Jucil, cada año los narcotraficantes tienen "más recursos" y es "más difícil luchar contra ellos" si la legislación no se va adecuando. Además, van añadiendo trucos y ampliando su arsenal. Sus coches, por ejemplo, están blindados. "Si ven un control, pasan por encima. Lo llaman 'chapa contra chapa'", resume.
Esta situación la corrobora Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En conversación con este diario, recuerda que llevan "años" denunciando esto. "La gente no quiere que se les destine allí", resume. Por ello, desde ambas asociaciones han pedido al Gobierno que declare Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, una figura jurídica que esconde mejores retribuciones y más seguridad para los agentes y que ya se aplica en otros territorios de la península. Es el caso del País Vasco.
Promesa pendiente del Gobierno
La cuestión no es nueva para el Gobierno. Es más, es una promesa que han estado cerca de llevar a cabo, aunque siempre se ha quedado en papel mojado. Sin ir más lejos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en verano que su departamento estudiaba la propuesta. Lo comunicó el 7 de junio, cuando se cumplían cuatro años de la muerte de Víctor Sánchez, un agente de 46 años que falleció en una persecución a una moto de contrabando.
En octubre, fue la directora de la Guardia Civil, María Gámez, la que afirmó que el Ministerio estaba "estudiando" la aplicación de "beneficios o incentivos" para los agentes destinados en Campo de Gibraltar, así como la dotación de más medios. En cambio, fuentes ministeriales consultadas por este diario señalan que siguen sin tomar una decisión al respecto.
Las operaciones antidroga aumentan un 53%
Con todo, cierto es que pese a que no se ha declarado la Zona de Especial Singularidad, el Ejecutivo sí ha llevado a cabo varios planes para mitigar la criminalidad. Primero, con el ministro José Ignacio Zoido, del PP, se reforzó la seguridad en la comarca y, con la llegada de los socialistas en 2018, se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. Nada más tomar posesión de su cargo, el ministro Marlaska acometió este dispositivo para intensificar la seguridad en el Campo con un presupuesto de más de siete millones de euros. En 2020, las actuaciones se ampliaron a los municipios de Cádiz, Huelva y Málaga y, a finales del mes de julio, el Ejecutivo decidió que estuviera vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Todo ello se acompañó de la compra de diverso material policial, tal y como informó 20minutos.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio, entre julio de 2020 y mayo de 2021 las operaciones policiales aumentaron un 51% respecto al año anterior: se realizaron 4.745. Las operaciones que más crecieron fueron las destinadas a la lucha contra el narcotráfico, que subieron un 53%. Las dirigidas a combatir el blanqueo de capitales lo hicieron un 42%. En el mismo período se intervinieron 457,9 toneladas de droga, un 1% más que el año anterior: casi el 92% del material intervenido fue el hachís, seguido de la cocaína (cerca de un 5%) y de la marihuana (3,5%).
Un problema social
Con todo, asociaciones de vecinos de la zona llevan años pidiendo no solo más incentivos para la policía, sino para el resto de funcionarios de la zona y, sobre todo, un plan para atajar el problema de raíz. Y es que, la gran penetración del narcotráfico en Campo de Gibraltar no se entiende sin, por ejemplo, mirar las cifras del paro. En los cuatro municipios que rodean la Bahía de Algeciras no baja del 25%. En Los Barrios es del 25,46% y en La Línea de la Concepción roza el 35%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). En Algeciras es del 29% y en San Roque, del 27%. En Madrid es del 10% y en Barcelona, del 7%.
Es por ello que el principal impulsor de la petición de más medidas sociales es el alcalde de La Línea, Juan Franco. "Tenemos un problema social de fondo muy grave. Pueden mandarnos a la Legión, seguir aprehendiendo droga y deteniendo a gente, pero Marruecos está a 20 kilómetros, el 10 por ciento de su PIB viene de la producción de hachís y la droga tiene que entrar por algún lado. Pasa por aquí para distribuirla al resto del territorio nacional y europeo. Mientras haya un sustrato de población que no tiene recursos, con unos niveles de formación bajísimos y que no encuentra alternativa laboral, no habrá solución", señaló en declaraciones a la prensa recogidas por el diario ABC después del último estallido social en La Línea, que ocurrió en mayo.
Entonces, fallecieron dos hombres de 51 y 19 años en el mar, cuando presuntamente acometían una operación de trasvase de combustible para narcolanchas. La aparición de audios en las redes sociales en los que se culpaba a los agentes de la Policía y de la Guardia Civil fueron el detonante de una oleada de violencia que nadie quiere volver a vivir.
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