El Gobierno afronta las últimas cuatro semanas del año con, al menos, tres leyes clave pendientes de ser aprobadas antes de fin de año: la reforma laboral, la ley audiovisual y la ley de vivienda. El Ejecutivo tiene previsto llegar a 2022 con la primera de las normas en marcha y las otras dos con la tramitación ya iniciada, pero lo cierto es que, con la primera semana de diciembre ya consumida, ninguna de las tres está completamente cerrada. El Gobierno insiste en que los plazos se cumplirán, si bien las diferencias con los socios parlamentarios, lo complejo de la negociación con patronal y sindicatos o los propios roces dentro del Ejecutivo los están retrasando más de lo inicialmente previsto. Este mismo tipo de discrepancias también obligó recientemente a dejar en un cajón la ley de memoria democrática, que aliados del PSOE veían insuficiente.

Según lo comprometido con la UE, la reforma laboral debe estar en vigor el 1 de enero para que España pueda acceder a un tramo de más de 11.500 millones de euros de las ayudas europeas, lo que implica que, por obligación, deberá ponerse en marcha por decreto. La ley audiovisual, por su parte, tiene de plazo hasta marzo de 2022, y para la ley de vivienda hay algo más de tiempo, aunque no demasiado: el Gobierno ha prometido a la Comisión Europea que la norma estará en marcha, como tarde, en octubre del año que viene, lo que obligará a acelerar la tramitación parlamentaria en el Congreso.

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Los motivos que explican el retraso de estas leyes son diferentes para cada una de ellas y, en principio, durante las cuatro semanas que quedan de diciembre las tres normas deberían quedar aprobadas por el Gobierno. Pero la situación es buena muestra del camino por el que podría discurrir la segunda mitad de la legislatura, en la que el Ejecutivo tiene como objetivo desplegar el grueso de su agenda legislativa tras dos años marcados por la gestión de la Covid y en la cual tanto PSOE como Unidas Podemos buscarán cumplir sus promesas estrella de cara al panorama electoral que se abre en 2023.

La reforma laboral, por ejemplo, aún no se ha aprobado porque el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos están apurando los plazos para llegar a un acuerdo que se preveía cerrar, en un principio, en noviembre, con el fin de dar luz verde al texto en diciembre a través de un decreto. De hecho, para llegar a tiempo, Trabajo y los agentes sociales se han visto obligados a acelerar las negociaciones, y durante este mes se reunirán al menos dos veces por semana -la semana pasada, incluso, han sido tres las reuniones- para intentar zanjar un texto conjunto. 

Las medidas para reducir la temporalidad son ahora mismo el asunto que más distancia a Gobierno y sindicatos, por un lado, y patronal, por el otro, aunque tampoco hay una redacción cerrada en lo relativo al mecanismo permanente de ERTE que se incluirá en la nueva legislación o en relación al reequilibrio de la negociación colectiva y la reforma de los convenios. No obstante, la vicepresidenta Yolanda Díaz insiste cada vez que es preguntada por el tema en que la reforma se va a aprobar antes del 1 de enero, aunque es una incógnita si lo hará con el apoyo de los sindicatos y los empresarios.

ERC obliga a reabrir la ley audiovisual

Harina de otro costal es la ley audiovisual, que se puso la semana pasada en marcha pero que ha tenido que reabrirse a pesar de que, en principio, el texto estaba cerrado. Hace quince días, Gobierno y ERC llegaron a un acuerdo para que los republicanos apoyaran los Presupuestos Generales del Estado a cambio, entre otras medidas, de garantizar que en las plataformas audiovisuales un 6% de los contenidos fueran producciones en catalán, euskera o gallego, según indicaron los independentistas. Después de que el Ejecutivo admitiera que ese porcentaje de contenidos en lenguas cooficiales solo se exigiría a empresas con sede en España, es decir, que se dejarían fuera plataformas tan potentes como Netflix, HBO o Amazon Prime, ERC exigió reabrir la negociación.

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Los republicanos, incluso, llegaron a amenazar veladamente con torpedear en el Senado las cuentas para 2022 si el Gobierno no rectifica ese aspecto de la ley audiovisual, aunque por el momento la sangre no ha llegado al río y han renunciado a intentar vetar los Presupuestos en la Cámara alta, donde actualmente terminan su tramitación. El Ejecutivo, que ha tenido que volver a sentarse con ERC en la mesa de negociación, aseguró el pasado viernes que las conversaciones "avanzan con normalidad", si bien su portavoz, Isabel Rodríguez, evitó responder a la pregunta directa de si las plataformas extranjeras estarán obligadas a respetar cuotas de contenidos en catalán, euskera o gallego –algo que la Moncloa sostiene que es imposible hacer porque la normativa europea no contempla esa posibilidad–.

Estas mismas tensiones con ERC, así como también con otros aliados parlamentarios del Gobierno, han obligado al Ejecutivo a retrasar sine die la aprobación de otro de sus proyectos estrella: la ley de memoria democrática. La norma no se ha desechado, sino únicamente retrasado, y la decisión tiene mucho que ver con el hecho de que ERC insista en que debe declarar ilegal el régimen franquista, así como modificar la ley de amnistía para que deje de afectar a los crímenes cometidos por la dictadrua. 

De todas estas normas, la ley de vivienda debería ser la menos problemática para ser aprobada, aunque los plazos inicialmente prometidos para ponerla en marcha caducaron hace mucho, ya que el acuerdo inicial de PSOE y Unidas Podemos es que estuviera en el Congreso el pasado febrero. El anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros en octubre tras meses de tensa negociación entre PSOE y Unidas Podemos, pero el texto aún tiene que pasar por ese órgano por segunda vez antes de comenzar su tramitación en la Cámara baja.

El Ministerio de Derechos Sociales asegura que el proyecto de ley, del que es coproponente junto al Ministerio de Transportes, se aprobará en uno de los Consejos de Ministros de este mes de diciembre con total seguridad. Esa norma, de la que Unidas Podemos ha hecho una de sus principales banderas, incluirá un mecanismo de reducción por ley de los precios del alquiler para los propietarios de más de 10 inmuebles, y también permitirá congelar los precios de los arrendamientos cuando el casero sea un pequeño tenedor, aunque en ambos casos solo se aplicarán estas medidas si así lo dispone la comunidad autónoma de turno.