Gobierno y ERC negocian a contrarreloj la ley que iba a imponer el catalán a Netflix para no complicar los presupuestos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
EFE
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
EUROPA PRESS

A contrarreloj. Gobierno y ERC mantuvieron este miércoles negociaciones en torno a la Ley Audiovisual, de la que se esperaba que impusiera a las plataformas audiovisuales como Netflix y HBO la obligación de emitir contenidos en lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) pero que, finalmente, sólo extiende esta obligación a las compañías con sede en España. Esa diferencia, que deja fuera a los grandes del sector, como Netflix, HBO o Amazon Prime Video, ha llevado a ERC a afirmar que no apoyará la norma e, incluso, a dejar en el aire el apoyo a los Presupuestos en el Senado, lo que podría complicar su aprobación.

Del encuentro que mantuvieron el Ejecutivo y los republicanos no salió un pacto definitivo. Según fuentes parlamentarias, la cita estaba agendada desde hacía tiempo, pero cobró mucha mayor importancia a la vista de la polémica que se desató el martes, cuando fuentes gubernamentales admitieron que la ley no vinculaba a las compañías extranjeras y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, advirtió de que "tocarle las narices a ERC con esto es un mal negocio". A la cumbre de este miércoles asistieron Rufián, su homólogo socialista, Héctor Gómez, y los ministros de Hacienda y Presidencia, María Jesus Montero y Félix Bolaños.

Los socialistas creen que la situación puede reconducirse. A media tarde, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vaticinó que "muy pronto" habrá un acuerdo "definitivo" sobre los presupuestos. "Estoy convencida de que en los próximos días, en las próximas horas, se anunciará ese acuerdo de presupuesto", dijo la ministra, quien rechazó calificar de "amenaza" la posición de ERC y se limitó a expresar que queda por cerrar "algún fleco" de la Ley Audiovisual, que fue la principal condición de los independentistas para apoyar las cuentas.

Ya a primera hora, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño –de cuyo ministerio depende la norma–, defendió en Onda Cero que el Gobierno está "muy abierto" a negociar, pero reiteró que una "normativa europea" le impide imponer cuotas de contenidos en lenguas cooficiales a las plataformas extranjeras. En este sentido, y aunque avisó a ERC de que "toda negociación tiene un límite", se mostró dispuesta a revisar la norma. Finalmente, pidió no "mezclar" esta norma con los presupuestos, aunque lo cierto es que el pacto sobre el catalán en plataformas como Netflix fue la clave que desbloqueó el apoyo de los republicanos a las cuentas.

ERC, por su parte, sigue apretando. Fuentes de la formación sostienen que la directiva europea en la que se escuda Calviño sí deja margen legal para poder obligar a las plataformas audiovisuales con independencia del país donde estén radicadas y dejan claro que el asunto de la lengua es "sagrado", si bien admiten que están abiertas "a todo" dentro de la Ley para blindar el catalán y el resto de lenguas cooficiales. En este sentido, los ministerios de Economía y de Hacienda ven más viable que la ley contemple ayudas fiscales o incentivos a esa producción en lugar de cuotas obligatorias.

El president de la Generlitat, Pere Aragonés, insistió en que la ley debería incluir cuotas para todas las plataformas "independientemente de las sedes" que tengan y, en la sesión de control en el Pleno del Parlament, se mostró convencido de que "los diputados en el Congreso, especialmente los de Cataluña, defenderán que la futura normativa en el ámbito estatal incorpore lo que debe incorporar: la defensa del catalán en todas partes independientemente de donde tengan las sedes las empresas".

En esa misma línea, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó en RAC 1 que ERC intentará "obligar" al Gobierno a que "rectifique", pues el proyecto aprobado este martes por el Consejo de Ministros está "incompleto", es "insuficiente" y "no responde" a lo negociado entre el Ejecutivo y los independentistas.

Los republicanos también han dejado caer que podrían torpedear la aprobación definitiva de los presupuestos en el Senado, que tiene la facultad de rechazar las cuentas y forzar que vuelvan al Congreso, que en ese caso volvería a votarlos. Para que la Cámara alta vetara las cuentas, tendrían que unir sus votos ERC, los partidos a la oposición –PP, Vox y Ciudadanos–, EH Bildu –que votó a favor en el Congreso, pero que suele coordinar su voto con ERC– y grupos regionalistas, una alianza que fuentes socialistas ven improbable. Alternativamente, ERC podría tumbar las cuentas junto a la derecha si consiguiera hacer virar del sí al no al PNV, que no se ha pronunciado sobre esta polémica y que votó a favor de ellas en el Congreso.

El plazo para presentar vetos concluye el viernes a mediodía, y se debatirán el jueves de la semana que viene. En caso de que prosperara un hipotético rechazo a las cuentas en el Senado, volverían a votarse en el Congreso, donde el rechazo de ERC tampoco bastaría para hacer caer las cuentas si el resto de grupos mantiene su voto.

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