El Gobierno empieza a tramitar la ley que creará un portal estatal de ofertas de empleo y cambiará el nombre del SEPE

Una mujer observa un anuncio de una Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Una mujer observa un anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
EP

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes aprobó el anteproyecto de una ley que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, definió como "el marco legal" para todas las políticas de "activación del empleo": la nueva Ley de Empleo. La norma, que ahora comienza su tramitación y que posteriormente tendrá que ir al Congreso, cambiará el nombre y la arquitectura del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pasará a llamarse Agencia Española de Empleo (AEE). Además, servirá para poner en marcha un portal de ofertas de empleo a través de internet de carácter público en el que tanto administraciones como empresas privadas puedan ofertar trabajos.

Díaz fue la encargada de presentar los detalles del anteproyecto tras el Consejo de Ministros de este viernes, y presumió de una ley que, dijo, "supone un cambio de paradigma en las políticas de empleo" para que los demandantes de trabajo estén más acompañados durante el proceso y se les dote de formación más adecuada. La vicepresidenta explicó que la norma establecerá una "cartera común de servicios" que estarán disponibles en toda España para quienes busquen trabajo, si bien también aseguró que comunidades y ayuntamientos mantendrán sus competencias en política de empleo.

Una de las principales novedades de la ley es que tratará de centralizar las ofertas de trabajo tanto de organismos públicos como de empresas privadas en una plataforma estatal que facilite a los demandantes de empleo acceder a las ofertas. El Ministerio de Trabajo quiere que las compañías deban comunicar sus vacantes a los servicios de empleo con el fin de mejorar el acceso a las mismas y, además, "hacer un seguimiento efectivo de las necesidades del mercado de trabajo", explican fuentes del departamento. 

Tal y como explicó Díaz, esta información, sumada a la que ofrezcan las administraciones públicas y también a la que deberán proporcionar "las agencias privadas de colocación", será utilizado por un organismo de nueva creación: la Oficina del Análisis del Empleo. Ese instituto estará destinado a investigar las "materias relativas al mercado laboral" para "fomentar el estudio y el asesoramiento sobre las políticas de empleo y el mercado de trabajo", plantean fuentes de Trabajo.

Asesores para desempleados y proyectos empresariales

Para los demandantes de empleo, por otra parte, se creará la figura del "profesional tutor", cuya función será prestar a estas personas que buscan trabajo "una atención individualizada en todo el itinerario formativo y profesional que se haya diseñado para mejorar su empleabilidad". Porque esa será, precisamente, una de las nuevas tareas de la Agencia Española de Empleo: diseñar a cada demandante de empleo "un expediente laboral personalizado único" a partir del cual ofrecerle cursos de formación y ofertas de trabajo adecuadas a su perfil.

Además, según detalla Trabajo, estas personas tendrán derecho a tener "tutorías individuales" con el empleado público que les corresponda para que les guíe en su proceso de búsqueda de empleo. Y la Agencia Española de Empleo, afirma el ministerio que lidera Díaz, se encargará asimismo de ofrecerles la información sobre las diferentes ayudas y prestaciones a las que tienen derecho entretanto.

La vicepresidenta insistió en varias ocasiones durante la rueda de prensa en que las políticas contenidas en la nueva norma "no están solo pensadas para los desempleados, sino para la sociedad española en su conjunto". De ahí que la Agencia Española de Empleo vaya a ofrecer también "asesoramiento" legal y "acompañará" a "todas las personas que tengan un proyecto empresarial", siempre y cuando los servicios estatales lo examinen y concluyan que es "viable". Ese acompañamiento, dijo Díaz, se hará "con recursos públicos".

Nuevos grupos prioritarios

En la nueva Ley de Empleo habrá varios colectivos que serán considerados como objetivos de atención prioritaria por sus especiales dificultades para conseguir empleo. Entre ellos estarán los jóvenes, los parados de larga duración y los mayores de 45 años, así como las personas con capacidad intelectual límite, aquellas que sufren trastornos del espectro autista, los inmigrantes, los refugiados internacionales, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas que pertenecen a minorías étnicas o los trabajadores "que provienen de sectores en reestructuración".

Díaz explicó, además, que las políticas que se pongan en marcha para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo serán auditadas anualmente, "como pedía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)". La vicepresidenta sostuvo que la idea del Gobierno es que exista "colaboración público-privada", y por ello "las empresas se incorporarán al sistema y, junto a las administraciones, van a definir la mejora de las políticas de empleabilidad".

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