La Dirección General de Policía (DGP), dependiente del Ministerio del Interior, ya está preparada para comenzar a distribuir porras extensibles de acero a los agentes del cuerpo, que sumarán una nueva herramienta inmersos en plena polémica por la reforma de la 'ley mordaza' que prevé acometer el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Esta arma se habilitó legalmente en el ordenamiento jurídico del cuerpo el año pasado, cuando se dictó el protocolo de uso, que recomienda que no se haga uso de ella contra mujeres embarazadas o menores de 14 años, así como tampoco en "manifestaciones con un gran número de personas".

Según avanzó el diario El País y confirmaron a 20Minutos fuentes policiales y del Ministerio del Interior, la DGP publicó un documento interno en el que fijó que las porras serán de uso individual, estarán sometidas a los mismos controles que las pistolas y solo podrán ser utilizadas por aquellos agentes que realicen primero el curso preceptivo. Dicho curso incluye aspectos prácticos como la manipulación, el mantenimiento y la correcta utilización del arma, pero también conocimientos teóricos sobre las normas deontológicas que se aplican a la utilización de herramientas de este estilo. Hasta el momento, la Policía ha comprado 15.384 unidades por 1.209.951 euros -cerca de 80 euros cada una-.

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Tal y como explican los documentos de la Policía, el bastón de acero es un "elemento coercitivo, discreto, de cómoda portabilidad y produce un eficaz efecto disuasorio". La estructura de la porra -fabricada con acero aleado- consta de tres tramos que se pueden desbloquear desde la empuñadura. Según estos escritos, entre las ventajas de utilizar esta arma frente a la de goma (que no desaparece, pues puntualizan los sindicatos que son "complementarios") es que tiene "mejor portabilidad, menor tamaño y mayor eficacia en cuanto a técnicas de reducción, control, inmovilización y conducción". 

Como ya se hiciera con las pistolas táser, también adquiridas por Interior y en proceso de ser entregadas, el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska tuvo que modificar en agosto de 2020 el Reglamento de Armas de la Policía para poder acometer la compra y el reparto de las porras de acero. En noviembre, Interior reguló su uso. Según el protocolo aprobado entonces y al que ha tenido acceso este diario, la porra extensible queda reservada a situaciones en las que haya que "reducir, inmovilizar o detener a una persona que ponga en riesgo su propia vida, la del agente o la de terceros; que muestre una actitud violenta o amenace con arma blanca u objetos peligrosos".

Menciona expresamente el escrito que los agentes deberán, antes de utilizarla, "agotar todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles". Asimismo, se marca que en caso de usarla, los agentes deberán golpear en "los centros de masa corporal, brazos y piernas" -nunca en "zonas vitales, cabeza, cuello, genitales y columna"- para que no se produzcan "daños inminentes con un grave riesgo" para la salud. Los policías deberán dejar constancia de su uso en los partes de intervención. Además, el protocolo también marca como "no recomendado" el uso de la porra contra mujeres embarazadas, menores de 14 años, personas de edad avanzada -sin fijar límite- o personas débiles de salud "siempre que esta condición sea perceptible para los agentes actuantes". Tampoco recomienda usarla en manifestaciones y concentraciones "con un elevado número de personas".

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En mitad de la polémica por la 'ley mordaza'

La instrucción de la DGP para comenzar a repartir las porras de acero coincide con la polémica sobre la reforma de la 'ley mordaza' que enfrenta a los sindicatos mayoritarios del cuerpo con el Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos firmaron hace semanas la derogación parcial de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por en solitario por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015, cuando contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En concreto, los partidos que forman la coalición de Gobierno pretenden rebajar de seis a dos horas el tiempo del que dispondrá la Policía para las identificaciones en comisaría, establecer que las multas sean proporcionales a la renta y a la edad del sancionado y eliminar la obligación de comunicar la celebración de manifestaciones que no estuvieran planificadas de antemano.

Estos cambios soliviantaron a los sindicatos mayoritarios. Jupol y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) convocaron sendas manifestaciones de rechazo. Primero, el miércoles pasado frente a las delegaciones de Gobierno. Esa protesta 'continuó' el sábado en una gran manifestación en Madrid. Los convocantes cifraron en 120.000 los asistentes. Sin embargo, el tono es diferente al ser preguntados por la habilitación de esta herramienta. "Todo el material que sirva para mejorar la efectividad policial y que garantice nuestra seguridad es bienvenido", sostiene una fuente sindical que destaca que el primer fin de la herramienta no es el del golpeo, sino el de la inmovilización.