La inflación marca un nuevo máximo en 29 años y producirá una revalorización de las pensiones del 2,5%

Un hombre comprando en un supermercado de Barcelona.
Un hombre comprando en un supermercado de Barcelona.
MIQUEL TAVERNA
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en una tasa interanual del 5,6%.
Europa Press

Los precios de los bienes de consumo más frecuente en España volvieron a encarecerse en noviembre hasta situarse un 5,6% por encima del nivel registrado el año pasado, lo que supone un nuevo máximo alcanzado desde septiembre de 1992. Así se desprende del avance del Índice de precios del consumo (IPC) que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado en la mañana de este lunes.

Se trata del noveno mes consecutivo en el que crecen los precios del consumo, aunque el aumento de la inflación registrado en noviembre es solo dos décimas superior al dato de octubre. Este incremento en los precios es el más leve registrado desde julio, cuando el IPC creció también dos décimas respecto al mes anterior. 

La inflación subyacente -un indicador que refleja el impacto estructural de la inflación general, dado que descuenta del cálculo los componentes más volátiles (bienes energéticos y los alimentos no elaborados)- también ha repuntado y se sitúa un 1,7% por encima del nivel del año pasado. Este indicador se ha disparado tres décimas respecto a octubre y alcanza su nivel máximo en ocho años.

Aunque el avance que ha publicado el INE este lunes no refleja cuánto se ha encarecido concretamente cada componente -una información que se conocerá ya en diciembre- el instituto estadístico sí desliza que destacan las subidas de los precios de la alimentación y en menor medida el alza en el coste de carburantes y lubricantes para vehículos personales. El INE ha informado también de que los precios de la electricidad bajaron en noviembre, un dato que, de confirmarse, sería la primera reducción entre dos meses desde julio.

Aunque los precios de los bienes energéticos sigan disparados, como todo indica que ocurrirá al menos hasta la primavera de 2022, la inflación comenzará a disminuir previsiblemente en los próximos meses. Esto es así porque uno de los fenómenos que más influyen en el alza de precios actual es la extraordinaria caída de los mismos en 2020. En noviembre del año pasado el IPC registró una bajada del 0,8% respecto a 2019. A partir de ese mes los precios comenzaron a crecer de nuevo y en enero la inflación interanual volvió a ser positiva.  

Las pensiones subirán un 2,5%

Una de las consecuencias más tangibles del dato de IPC de noviembre es que ya sabemos cuánto costará la revalorización de las pensiones. El Gobierno volvió a vincular estas prestaciones a la inflación tras la aprobación de la primera pata de la reforma del sistema de pensiones, a la que el Consejo de Ministros dio el visto bueno el pasado julio. 

El mecanismo aprobado por el Ejecutivo prevé que las pensiones se revaloricen en función de lo que marque el promedio de la subida del IPC interanual registrada en los doce meses anteriores a diciembre, que asciende al 2,51%. Este dato tendrá dos efectos sobre los costes del sistema. El primero es la revalorización de las prestaciones en sí mismas que, con el número de pensionistas de noviembre y la prestación media que percibían dicho mes, supondría un coste para las arcas públicas cercano a los 3.600 millones de euros. 

El segundo lo provocará la 'paguilla', una compensación a la que tienen derecho los pensionistas que estaban en el sistema el año pasado por una subida de precios superior a la prevista. El Ejecutivo predijo en los presupuestos para este año que 2021 cerraría con un IPC promedio del 0,9%, por lo que los pensionistas tendrán derecho a una compensación de su prestación de un 1,6% adicional -la diferencia entre su predicción y el dato real- que rondaría los 2.300 millones de euros. En su conjunto, el efecto de la inflación sobre el sistema de pensiones costará a las arcas del Estado unos 5.900 millones de euros.  

La elevada inflación registrada este año también afectará a la negociación salarial entre empresas y asalariados, aunque el impacto que tendrá es más difícil de cuantificar. Según un estudio publicado por el Gobierno tres años después de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, solo el 15% de los convenios colectivos tenían cláusulas de revisión del salario vinculadas al IPC. No obstante, aunque la mayoría de los salarios no se revisen directamente conforme al IPC, previsiblemente los trabajadores presionarán para lograr una subida de sueldos que compense, aunque sea en parte, el aumento en el coste de la vida.

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