La inesperada subida de los precios del consumo sumada a la decisión del Gobierno de vincular las pensiones a la inflación provocará un coste adicional a las arcas públicas que rondará los 5.860 millones de euros. De ellos, en torno a 3.600 procederían exclusivamente de la subida en las prestaciones provocada por su vinculación con el Índice de precios del consumo (IPC) y otros 2.260 de la compensación a la que tienen derecho los pensionistas por un coste de la vida más alto de lo previsto este año.

El pasado agosto, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la primera pata de la reforma del sistema público de pensiones. La medida más destacada fue la recuperación del vínculo de estas prestaciones a la inflación, de tal forma que cada año los ingresos de los pensionistas aumentarán lo mismo que el IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre.

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A falta de que se conozca el dato de inflación del presente mes, el promedio entre enero de 2020 y octubre de 2021 ascendió al 2,2%. Sin embargo, el porcentaje final para revalorizar las pensiones podría ser algo mayor –en torno al 2,5%– si el dato de inflación de noviembre supera el 5% tal y como ocurrió en octubre. Todo apunta a que esto sucederá, dado que ninguno de los factores que alimentan la subida de precios actual –crisis energética, cuellos de botella en la cadena de suministros y efectos de base– ha dado signos claros de mitigarse.

Si la pensión media que cobra un español mantiene la tendencia al alza del 0,1% mensual en 2021 hasta final de año y el número de pensionistas siguiera creciendo al mismo ritmo –ocho centésimas mensuales– la nómina de las pensiones contributivas alcanzaría los 144.036 millones a 1 de enero de 2022. Con un IPC promedio del 2,5% la revalorización de las pensiones supondría entonces un gasto adicional de 3.600 millones.

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Sin embargo, este no será el único elemento que disparará la factura. Cuando el IPC de un año supera lo previsto en los Presupuestos para ese ejercicio, los pensionistas tienen derecho a una compensación –conocida popularmente como la paguilla– para no perder poder adquisitivo. Para 2021 el Gobierno había calculado una inflación del 0,9%, una cifra que, pase lo que pase, quedará lejos de la realidad. En un escenario en el que el IPC promediase un 2,5% en 2021 los pensionistas tendrían derecho a una paga extra del 1,6%, la diferencia entre lo previsto por el Gobierno (0,9%) y la realidad. Si se tiene en cuenta que la nómina de las pensiones contributivas de 2020 ascendió a 141.229 millones, la paguilla –que se cobrará por última vez en enero de 2022– supondría un desembolso extra de 2.260 millones.

*(Puedes consultar los datos utilizados para elaborar este cálculo y los pasos empleados en este enlace).

El Ejecutivo es plenamente consciente de esto, aunque su hipótesis de gasto extra es algo más optimista. Sus últimas previsiones hablan de que solo la revalorización de las pensiones costaría algo más de 3.000 millones, mientras que la paguilla rondaría los 2.000 millones.

Por otro ladao, un estudio del Instituto Santalucía, una plataforma de investigación adscrita a la aseguradora que lleva el mismo nombre, estimó recientemente que la revinculación de las prestaciones al IPC costaría en torno a 3.748 millones de euros, con una hipótesis de inflación del 2,51% en promedio este año.

Uno de cada tres euros presupuestados se va a pensiones

Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que el Gobierno prevé haber aprobado antes de que concluya el año, el Estado gastará un total de 152.583 millones de euros en pensiones -tanto contributivas como no contributivas-. Esta cifra supone un 33% (o uno de cada tres euros) de los 458.970 millones de euros presupuestados para todas las partidas en 2022 y un incremento del 4,8% respecto a 2021. 

En el capítulo del libro amarillo que desgrana el gasto de la Seguridad Social, el proyecto de ley de Presupuestos sostiene que esta partida de gasto se ha calculado "en función del incremento del colectivo de pensionistas, de la variación de la pensión media y de su revalorización". Hay que tener en cuenta que previsiblemente el número de pensionistas aumentará el año que viene y también lo hará la cuantía media que recibirán, dado que las prestaciones por jubilación que se están incorporando en los últimos años al sistema son cada vez más elevadas.

Las pensiones contributivas suponen el 82,8% del gasto de la Seguridad Social para 2022. En concreto, el gasto presupuestado para las jubilaciones -un 72,5% del total de pensiones- asciende a 108.723 millones, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro euros que se gastarán en los Presupuestos.